La vecina de Cambados de 49 años que denunció ser víctima de acoso escolar en un instituto de Pontevedra tendrá que devolver finalmente algo más de 1.800 euros de la beca al estudio de 2.000 euros que le habían concedido en un primer momento.

La Xunta de Galicia argumenta que al haberse cambiado de centro y matriculado en el régimen de adultos solo le corresponde una aportación de 260 euros (200 de la bolsa básica, y 60 en concepto variable), y le exige la devolución de 1.800.

La arousana ha acudido a la administración para intentar mantener la prestación económica al considerar injusta la decisión. Recuerda al respecto que fue un inspector de Educación quien le recomendó precisamente cambiarse de instituto mientras que no se resolvían sus quejas por supuesto acoso escolar en Pontevedra. Pero en la Xunta se limitan a encogerse de hombros y a asegurar que ellos tienen que cumplir con la legislación, y que aunque le diesen el consejo de matricularse en otro centro, la decisión final fue suya.

La cambadesa cuenta con el apoyo de la asociación No al Acoso Escolar, y una de sus directivas, Carmen Cabestany recalca que Educación podría mantener la ayuda económica si tuviese voluntad de hacerlo. "Este es un caso excepcional, humanitario. Ella no se cambió de centro por voluntad propia, sino porque estaba sufriendo acoso por parte de un grupo de compañeros y un inspector de Educación le recomendó el traslado mientras no se aclaraban las cosas". La arousana tiene apenas un mes para pagar los 1.800 euros, pues de lo contrario la administración podría acometer un embargo.Lo contó en marzo

M.L.P.A. hizo público el calvario que según ella estaba sufriendo a principios de marzo. Declaró que estaba en el paro, pero que le salió una oferta de empleo a cambio de que obtuviese una titulación oficial en la rama de Hostelería. Se matriculó entonces en un centro de Pontevedra, pero -siempre según su relato- un grupo de media docena de compañeros de entre 18 y 20 años empezó a incordiarla. Aduce que se lo comunicó al instituto, pero que ante la falta de soluciones claras optó por trasladar su matrícula a otro instituto de Santiago, como le recomendó un inspector.

Pero según ella, a raíz del cambio de centro, recibió una llamada desde Educación en la que una funcionaria le anunciaba que tendría que devolver la beca. Al día siguiente de publicarse su relato en FARO DE VIGO, el Ministerio de Educación negó con rotundidad que se le fuese a quitar la beca. Fuentes oficiales de Educación aseguraron que la presunta víctima de acoso tenía garantizada la ayuda, y que de hecho en cuestión de días se le pagaría la parte variable de la bolsa que le correspondía. Pero la realidad no iba a ser tan dulce para la cambadesa.

Aviso por carta

A finales de abril, M.L.P.A. recibía una carta en la que le comunicaban que tiene que devolver 1.800 euros. La arousana está muy decepcionada con la administración. "Me siento burlada, para empezar porque no prestaron atención a un caso de acoso. Me siento engañada, porque me dicen que el traslado fue voluntario, cuando fue forzoso porque eran ellos los que tenían que resolver la situación en Pontevedra. Y me siento como una ciudadana abandonada. Lo que hizo la Xunta en todo momento fue evadirse del problema".

En este sentido, plantea que pidió una reunión con el jefe territorial de la Consellería de Educación, César Pérez Ares, y que sí se la dieron. Pero cuando llegó el día del encuentro, Pérez Ares no se presentó, y en su lugar aparecieron un técnico y el inspector que le había recomendado cambiarse de centro. "Él asumió que me había dado ese consejo, pero dice que lo hizo por mi bienestar y sin saber las consecuencias negativas que eso iba a tener para la beca. Me dijo que no lo había hecho con mala intención, y que de todos modos yo tenía que saber que al cambiarme de centro y pasar al régimen de adultos perdería el derecho a la beca", espetó M.L.P.A.

Carmen Cabestany, por su parte, considera que "se ha visto que la Xunta no tiene ninguna voluntad de solucionar el problema. No se ha hecho justicia con ella. Se le han causado todos los perjuicios que se le podían causar, y la han atropellado por todas partes". De ahí que estén apoyando a la cambadesa en busca de una solución.

El instituto de Pontevedra, por su parte, se desvinculó del supuesto caso de acoso. Se llevó a cabo una investigación interna, y se llegó a la conclusión de que se había producido un "problema puntual" por discrepancias de "intereses". Pero Carmen Cabestany considera que los trámites se dieron en falso. "El protocolo, para lo único que sirve es para tapar la boca del que ha denunciado".