Las defensas de los 13 acusados que ayer se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra, como supuestos integrantes de la banda de narcotraficantes de "O Mulo", trataron de anular el procedimiento basándose en la "nulidad" de las pruebas obtenidas a través de grabaciones telefónicas. En este proceso contra la organización que lidera Rafael Bugallo Piñeiro, "O Mulo" o "Felo", están citados 14 acusados, pero uno de ellos está declarado en rebeldía. Su familia aseguró a los agente judiciales que lo reclamaron que se encuentra en América.
Se les acusa de tratar de introducir en Galicia hasta 3.500 kilos de cocaína, por lo que el Ministerio público pide penas que suman en total 214 años de cárcel. Fija la responsablidad civil en 22,9 millones de euros.
En la primera sesión del juicio celebrada ayer y que se prevé que se prolongue al menos un mes, se expusieron las cuestiones previas por parte de las 13 defensas presentes en la sala y la del fiscal. Las primeras para tratar de anular todo el procedimiento, que uno de los abogados llegó a calificar de "chapuza" y, por parte del ministerio público, para justificar con sentencias previas y autos del Tribunal Supremo la validez de las escuchas telefónicas realizadas en el procedimiento de investigación.
Los letrados alegaron, en algunos casos, "nulidad absoluta y flagrante" de la instrucción de proceso o, en otros, la "máxima y absoluta inocencia de mi defendido" en el caso de los acusados a los que se juzga en calidad de colaborador en diferentes grados.
"Chapuza"
Además del calificativo de "chapuza" que un abogado atribuyó a la instrucción, otros defensores se limitaron a argumentar que las llamadas o los mensajes telefónicos interceptados a sus defendidos no les vincula de ningún modo con la organización, o argumentaron la "falta de motivación" de la acusación.
El abogado de José Antonio B.P. argumentó que la única acusación contra su defendido es que "participó en las labores de preparación de la lancha", algo que a entender del letrado no le vinculan a una organización criminal.
Alegaron además que "no existió control judicial alguno" en las escuchas realizadas a algunos de los acusados, o que "el control de las escuchas fue cero", como resumió un letrado. También apelaron a la falta de sellos de registro en algunos de los procedimientos, para tratar de anularlos.
El fiscal, por su parte, presentó sentencias previas y autos del Supremo que validan las escuchas y el procedimiento y recordó que algunos de los encausados llegan a este procedimiento como consecuencia otros previos, por diferentes causas que desenvocaron en esta, cuyas pruebas y escuchas ya fueron validadas por los tribunales.
El Ministerio Fiscal señala a "O Mulo" como el responsable de la organización, al considerar que era él quien negociaba directamente el transporte de cocaína a los grupos proveedores sudamericanos, además de diseñar los transportes concretos de cocaína por vía marítima. En su escrito asegura que el cambadés dirigió todas las operaciones de preparación de las embarcaciones. Para él se reclaman once años de cárcel por un delito contra la salud pública, y otros seis por otro de pertenencia a una organización delictiva.
También se sienta en el banquillo José Luis Devesa, el patrón grovense del "Ratonero", encargado, según la Fiscalía, de suministrar en alta
mar combustible a las lanchas rápidas. Se da la circunstancia de que Devesa fue recientemente condenado a 12 años de prisión por otro alijo de 2.200 kilogramos de cocaína, localizado en su barco en 2012. Para el patrón del ratonero, la Fiscalía reclama once años por un supuesto delito contra la salud pública y cuatro por pertenencia a organización criminal. Junto a ellos, también están procesados Jorge C.F.B., José Antonio B.P., Luis Miguel F. V., Gustavo Adolfo A.C, Víctor Manuel R.C., Manuel N.G., Fernando B.V., José Luis M.G., Vicente P.S., José Manuel D.G., Fernando Rafael P.R. y Fredy Wily C.L.
Acusación
A los años de prisión se suma la sanción económica que reclama el Ministerio Fiscal a todos los acusados, unas multas que ascienden a 8.400 millones de euros.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se relata como los acusados esperaban que la droga llegase a la costa pontevedresa en una planeadora el 14 de agosto de 2008 si bien, debido a un error en las comunicaciones, quienes esperaban en tierra para alijar la droga, no pudieron enterarse de que ésta llegaría realmente el día 15. La lancha acabó fondeada en Cabo Silleiro y la embarcación, varada y quemada en la playa de A Lanzada para intentar oclutar las pruebas.
