20 de mayo de 2017
20.05.2017

La APLU mantiene su presión sobre las obras presuntamente ilegales de O Grove

La agencia urbanística impone la séptima multa en siete años a un vecino al que ordenaron derribar en Cachadiñas (Balea) una planta construida a mayores en su edificación y una piscina

20.05.2017 | 04:55
La APLU expedientó hace siete años una edificación presuntamente ilegal construida en Cachadiñas (Balea). // Muñiz

La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) mantiene la presión sobre las obras presuntamente ilegales construidas en O Grove, tradicionalmente uno de los municipios más afectados por este tipo de situaciones.

Son varias las órdenes de demolición que pesan sobre viviendas y otras estructuras levantadas a lo largo y ancho de la localidad; pendientes del paso de la piqueta por no respetar las condiciones del proyecto, por carecer de los permisos oportunos o por invadir zonas protegidas o de titularidad pública.

Algunos de los inmuebles afectados van a salvarse, después de que, como avanzó FARO, los tribunales de Justicia dieran la razón a O Grove en su defensa de los núcleos costeros consolidados.

Al igual que se la dieron en relación con el edificio administrativo de la localidad, que también se encontraba en el punto de mira de la APLU.

Pero, como queda dicho, este departamento ligado a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que colabora también con los propios ayuntamientos, "para mejorar la calidad de la ordenación urbanística y ponerla al servicio de todos los ciudadanos", mantiene abiertos diferentes expedientes en la localidad meca.

Uno de ellos es el referido a Baldomero Otero Castro, al que la APLU impuso la séptima multa coercitiva en los últimos siete años por incumplir la orden de demolición referida a su propiedad en el lugar de Cachadiñas (Balea).

Se hace así con base en un expediente de reposición de la legalidad urbanística iniciado en octubre de 2010 en el que se ordena la demolición de una importante estructura de su propiedad.

La APLU, que divulga esta multa coercitiva a través del Diario Oficial de Galicia, después de que fuera devuelta por el servicio de Correos, explica que en concreto se ordena demoler "las obras de adicción de planta primera dividida en dos edificaciones sobre el bajo existente y la construcción de una piscina entre ambas edificaciones".

La propia APLU detalla que "conforman una planta sótano de 120 metros cuadrados con uso de garaje, vivienda de 201,2 metros cuadrados para usos residenciales y un soportal de 38,25 metros cuadrados con una superficie total construida de 359,45 metros cuadrados".

Incluso se incorpora al expediente de reposición de la legalidad urbanística "una construcción metálica de aparcamiento de coches".

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