Con los ciberataques a nivel mundial de plena actualidad, una empresa arousana ha sido víctima de uno de ellos, aunque no se habría producido a finales de la semana pasada, como la oleada que afectó a unos 150 países del mundo, si no unos días antes.

Una empresa de Meaño ha sufrido un "secuestro digital", mediante el cual los "hackers" o piratas informáticos acceden a la documentación que está almacenada en los servidores y la encriptan, de modo que sus dueños no la pueden utilizar. El paso siguiente es pedir un rescate por dicha documentación.

La firma presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Cambados a principios de mayo. Según los afectados, entre los archivos encriptada se encontraban las bases de bases de datos con los seguidores y los clientes de la empresa.

Supuestamente, los piratas exigieron a los empresarios un pago de 60.000 euros en "bitcoins", una moneda virtual con la que se realizan pagos a través de internet y que, posteriormente, puede ser canjeada por dinero real. A cambio, les mandarían las claves para desencriptar los archivos.

La empresa no accedió al pago del rescate, y lo que hicieron fue contratar a varias empresas especializadas que, pasados unos días, habrían logrado recuperar gran parte de los datos "secuestrados".

La investigación la ha asumido el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Fuentes consultados señalan que el ataque ha causado un importante perjuicio económico a la sociedad, valorado en al menos 9.000 euros por las operaciones comerciales no realizadas, a lo que habría que sumar el coste de contratar a las empresas para la recuperación de datos.

Otras denuncias

Las denuncias por delitos informáticos van en aumento en O Salnés. De ser un fenómeno poco menos que residual, los expedientes nuevos van abriéndose en un goteo constante. Uno de los casos más mediáticos ha sido el de la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, que presentó una denuncia contra una página de internet en la que difundían una noticia falsa en la que se aludía a su detención.

El caso llegó al juzgado de la localidad arousana, que ordenó a la Guardia Civil que abriese una investigación en profundidad para dar con los autores de la noticia falsa, aunque no ha trascendido que las pesquisas diesen resultado.