El magistrado del Juzgado número 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal acaba de comunicar la libertad provisional con fianza de 10.000 euros para José Meaño Cores, considerado como uno de los cabecillas del enlace gallego de la banda de Los Boyacos detenida en el mes de febrero por el Greco de la Guardia Civil tras una espectacular persecución que se desarrolló en el interior de un supermercado de Pontevedra.

En la operación fueron implicada 24 personas y 16 de ellas ingresaron en prisión por formar parte de una banda criminal que trataba de introducir en España 2,4 toneladas de cocaína, el mayor decomiso que este año se produjo en las fronteras gallegas.

Tres de ellos son gallegos, entre los que se encuentran el ribadumiense José Meaño Cores, defendido por el prestigioso penalista vilagarciano Ramón Montenegro, quien ayer subrayó que a su juicio "tanto su privación de libertad como su detención vinculada a estos hechos es manifiesta e objetivamente injusta" al subrayar que carece de "vinculación objetiva" con los hechos que se encuentran en fase de instrucción como ya argumentó ante el juez.

En el auto, el magistrado Carballal acuerda la "libertad provisional de José Meaño Cores, supeditada a que deposite en efectivo, y mediante consignación bancaria, la cantidad de 10.000 euros".

Le impone asimismo la medida cautelar consistente en "la obligación de comparecer el primer martes y tercer jueves de cada mes ante el Juzgado o el del lugar de su residencia, así como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar territorio español, salvo autorización expresa de este Juzgado, con la advertencia de comunicar cualquier cambio de domicilio o residencia, aún cuando sea ocasional, temporal o vacacional, con el apercibimiento de que el incumplimiento podría motivar la adopción de otras medidas más gravosas para su libertad personal, incluida la prisión provisional".

Expone el juez que en estos momentos "no existe el más mínimo indicio de que el investigado vaya a aprovechar la circunstancia de quedar en libertad "para sustraerse a la acción de la Justicia, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene arraigo suficiente (familiar, laboral y social) en territorio nacional".

Entiende por tanto que la fianza de 10.000 euros es suficiente, unida a su comparecencia quincenal ante los juzgados.