La polémica en torno al Centro de Discapacitados (CODI) de Valga resurge un año después. Y todo tras descubrir el grupo municipal socialista, liderado por María Ferreirós, que el alcalde conservador José María Bello Maneiro "llegó a ocultar información para así cargar políticamente contra la Diputación cuando ésta decidió recortar la financiación de dicho centro".

Lo que sucede es que "existió un informe jurídico que compartía la decisión del gobierno provincial, pero el alcalde lo ocultó para así iniciar una guerra política contra los socialistas e incluso usar la mayoría absoluta del PP para aprobar en pleno el inicio de acciones judiciales contra el gobierno provincial".

Pero lo peor, a juicio de Ferreirós, es que "Bello Maneiro incluso utilizó a los trabajadores del CODI, los usuarios y sus familiares para enfrentarlos contra el PSOE y la Diputación a sabiendas de que el recorte de fondos estaba plenamente justificado".

Para que se entienda todo lo sucedido, la portavoz socialista explica este episodio paso a paso. Todo comenzó cuando cambió el gobierno de la Diputación y dejó de financiar los servicios específicos del CODI.

"Hasta ese momento subvencionaba solo a Valga y Meaño, pero en base a los informes técnicos estimó que la competencia para financiar tales servicios debe repartirse con la Xunta, que debe financiar los servicios específicos mientras que la Diputación puede hacerse cargo de los básicos".

Ante aquel recorte el Concello presentó un recurso en el ente provincial alegando que éste debería seguir con los pagos, "y el gobierno de Carmela Silva lo desestimó diciendo que no es su obligación financiar los servicios sociales comunitarios específicos, aunque siga financiando los básicos".

Este asunto fue tratado en el pleno provincial "y el alcalde de Valga, junto con dos concejalas, promovieron una protesta en la sede de la Diputación, implicando en ella a los usuarios del CODI y sus familiares".

En agosto de 2016 el alcalde elevó este asunto al pleno municipal "y con la mayoría absoluta del PP aprobó interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Diputación que anulaba la subvención".

En aquel pleno los socialistas incidieron en que si existían argumentos o informes legales que avalaran el recurso lo apoyarían, pero igualmente preguntaron si se había elaborado algún dictamen que justificara el inicio del procedimiento contra la Diputación, algo que el alcalde "negó, garantizando que no existían informes jurídicos contrarios".

Desde entonces "preguntamos en repetidas ocasiones y nunca se nos dieron explicaciones sobre la evolución del proceso judicial".

Así hasta que "decidimos pedir un pleno extraordinario para tratar este asunto", el cual se celebró anteayer. Y resulta que entre la documentación del pleno apareció un informe de la asesoría jurídica del Concello de fecha julio de 2016, es decir, un mes antes del pleno en el cual el PP decidió impulsar la demanda contra el ente provincial.

"Sorprendentemente vemos que el informe es negativo y además es contundente en contra de la tesis del alcalde, avalando la resolución que había adoptado la Diputación y diciendo incluso que no era aconsejable acudir al juzgado por no existir argumentos de peso", explica Ferreirós mientras muestra el informe que supuestamente no existía en el pleno de agosto de 2016.

Es por ello que los socialistas "exigimos explicaciones al alcalde por la ocultación de documentos y nos preguntamos si todos los concejales eran conocedores de la existencia de ese informe, porque de ser así habrían votado a favor de iniciar el proceso contra la Diputación a sabiendas de que había un informe jurídico negativo".

Al tiempo que se preguntan "quién retiró el informe del expediente del pleno de agosto de 2016 y quién lo incorporó después", en el PSOE resaltan que "en todo momento Bello Maneiro negó la existencia de ese informe; por lo que nos parece algo realmente asombroso que tendrá que aclarar y que daña la imagen de la institución municipal, pues no puede ser que aparezcan y desaparezcan documentos oficiales a conveniencia".

Lo que quiere el equipo de María Ferreirós, además de aclaraciones, es que el alcalde pida disculpas a los trabajadores, usuarios y familiares del CODI "que fueron utilizados políticamente para hacer ruido y generar un clima de crispación contra la Diputación y el PSOE de Valga".

Convencida de que "es un escándalo que se juegue con estos temas", la líder socialista recuerda que "Bello Maneiro también recibió en su momento el apoyo de los diputados provinciales del PP, quienes aprovecharon para atacar a la Diputación, por lo que habrá que preguntarse si ellos también eran conocedores de la existencia de ese informe jurídico que desaconsejaba el recurso".

Por cierto, que "con ese informe negativo entiendo que la demanda va a tener poco recorrido; espero que ahora el alcalde tenga el mismo interés por reclamar ante la Xunta", termina Ferreirós.