La sección de Cambados de la Fiscalía de Pontevedra y la Dirección Xeral de Xustiza han abierto sendas investigaciones sobre un supuesto caso de subcontratación ilegal del servicio de limpieza de los edificios de los juzgados.
Dicha investigación ha comenzado a raíz de que se descubriese que una mujer que estaba realizando el servicio en los juzgados de la villa arousana no era en realidad a quien le había contratado dicho cometido la Xunta de Galicia, sino una allegada de ésta última.
Fuentes consultadas señalan que una de las personas que se debería encargar de la limpieza de la sede judicial de Cambados es personal laboral de la Xunta de Galicia, y que además tiene un negocio. Supuestamente, la mujer decidió hablar con una persona allegada y encargarle a ésta la parte de la limpieza de los juzgados que le correspondía a ella, de modo que podría atender igual su negocio sin tener que renunciar a su puesto de personal laboral de la Xunta.
El presunto delito lo descubrió uno de los guardias civiles que se encargan de la vigilancia en la puerta de los juzgados. Al parecer, un sábado por la mañana la mujer "subcontratada" de forma ilegal accedió al edificio, y el guardia le requirió que se identificase.
Aunque fuentes consultadas señalan que la limpiadora no lo hizo en un primer momento, sí que se descubrió posteriormente que su identidad no se correspondía con la de ninguna de las personas que estaban contratadas formalmente para ese cometido en Cambados.
A raíz de ese descubrimiento, la Fiscalía puso en marcha una investigación, por si existiese un delito de usurpación de la identidad. El caso habría derivado en la apertura de un expediente en el Juzgado 4 de la villa arousana. Además, el Ministerio Público comunicó los hechos a la Dirección Xeral de Xustiza, que ha abierto paralelamente otra investigación.
Esta última es a nivel autonómico, para dilucidar si hay más casos de trabajadores externos en los juzgados de la comunidad que hayan "subcontratado" de forma ilegal los servicios a parientes o allegados. Una situación fraudulenta que además de suponer una competencia desleal para otros trabajadores, podría causar problemas a la administración en caso de que el empleado sufriese un accidente, al carecer de seguro.
Hay que tener en cuenta, además, de que en los juzgados se maneja documentación sensible y privada, de ahí que sea necesario disponer de un control de las personas que pueden acceder de una u otra forma a esa documentación.
