La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) comenzó a ejecutar esta semana la demolición de una vivienda unifamiliar en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro. Representantes de la entidad, escoltados por agentes de la Policía Autonómica y de un cerrajero se plantaron a primera hora de la mañana en la vivienda para comenzar con los trabajos de demolición del inmueble que se asiente en zona rústica y carecía de licencia municipal para su construcción, aunque ese hecho no la eximió de abonar el IBI o la basura durante todos estos años.

Además de las multas a las que ha tenido que ir haciendo frente desde su construcción, la familia propietaria de la vivienda también tendrá que buscar recursos económicos para afrontar el coste de la demolición, fijado por la APLU en 72.000 euros.

La propietaria de la vivienda, muy afectada por lo que estaba ocurriendo, no quiso hacer declaraciones ayer a FARO, aunque sus gestos y su cara dejaban traslucir el calvario por el que está atravesando, al verse en la calle tras más de 15 años de lucha estéril para evitar le demolición del inmueble. La vivienda, una edificación de 92 metros cuadrados distribuidos entre bajo y bajocubierta, comenzó a construirse a principios de este siglo sobre un pequeño galpón que existía en esos terrenos, catalogados como suelo rústico, y rodeados de otras casas.

Una denuncia de un vecino ante Concello y Xunta de Galicia motivó que, muy pronto, comenzase a recibir sanciones económicas. Hubo muchos intentos para tratar de legalizarla, pero los propietarios se acabaron encontrando con los constantes cambios experimentados en la Lei do Solo, unas modificaciones que no ayudaron a solventar la situación. Una de las posibilidades de legalización era la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una puerta que se acabó cerrando tras ser tumbado por la Xunta del bipartito y no haber sido retomado por el Concello en años posteriores.

La vivienda sucumbirá a la piqueta en los próximos días, pero las edificaciones anexas, como un garaje o la piscina no van a ser demolidas ya que se encuentran legales. Además, la vivienda también cuenta con todos los servicios, ya que se encuentra situada a tan solo 62 metros de distancia de núcleo rural. La parcela sobre la que se asienta también es superior a los 4.000 metros cuadrados que exige la Lei do Solo de Galicia para edificar en zona rústica.

Entre los intentos para evitar la ejecución de la sentencia de derribo que ha activado la APLU destaca la misiva que le envió a la anterior reina, Doña Sofía de Borbón, que la animó a continuar en la lucha. Esta vivienda no es la única que la APLU ha demolido en la parroquia vilanovesa de San Miguel, ya que hace tan solo unas semanas, se procedió al derrumbe de otra casa, vinculada familiarmente a la propietaria de esta vivienda.

A ellas se suman otras ejecuciones realizadas en los últimos tiempos, como dos viviendas, también en zona rústica, que tuvieron que ser demolidas en la parroquia de Baión el pasado año.

A ello se suma la situación de un considerable número de viviendas, que podrían alcanzar el medio centenar en el municipio de Vilanova, que se encuentran con una sentencia de derribo en firme o están siendo expedientadas por la APLU. Las que tienen sentencia de derribo en firme, tarde o temprano, se verán en la misma tesitura que la de San Miguel de Deiro, ya que resulta imposible acometer su legalización una vez que existe una resolución judicial en firme.

Desde Gañemos Vilanova, partido que ha seguido este caso y el de otros vecinos responsabilizan directamente al Concello por no haber dotado al municipio de un planeamiento urbanístico adecuado, algo que se lleva reclamando desde hace años.