El Programa de Vivendas Baleiras de la Xunta al que se ha sumado Vilagarcía para alquilar los pisos vacíos a personas con escasos recursos todavía no se ha puesto en marcha. El gobierno municipal y la Consellería de Infraestruturas e Vivenda se acusan mutuamente de la paralización, ofreciendo versiones totalmente contrapuestas.
Así, mientras que el Concello asegura estar pendiente de que la Consellería le envíe "el convenio final desde que el gobierno local lo aprobó y remitió a la Xunta toda la documentación requerida, hace ya dos meses", la Xunta desmiente de forma tajante al Ayuntamiento vilagarciano: "Es falso que el Concello remitiese el convenio al IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) hace dos meses". Pero el Ejecutivo gallego echa más leña al fuego: "Con anterioridad el IGVS estuvo esperando más de ocho meses respuesta del Concello a las llamadas y correos electrónicos remitidos", replican desde Santiago.
La Consellería de Vivenda relata cronológicamente cómo se produjeron los hechos. Según su versión, el 17 de junio de 2016 el IGVS recibió un escrito del Ayuntamiento indicando su interés en adherirse al Programa de Vivendas Baleiras. Tres días después el Instituto Galego de Vivenda e Solo remitió por correo electrónico al Concello la convocatoria para una reunión a celebrar el 29 de junio en Santiago. "Junto con el correo se envió información detallada sobre el procedimiento para la incorporación de viviendas al programa", afirman desde la Xunta.
Ese encuentro se celebró el día previsto, asistiendo las concejalas de Servicios Sociales y de Hacienda de Vilagarcía. Ahí se explicó el programa y el proceso de adhesión al plan y "posteriormente a esta fecha desde el IGVS se produjeron llamadas periódicas al Concello para ver si ya estaban en condiciones de firmar el convenio, sin que se produjese respuesta".
Ante esta situación, el director xeral del IGVS remitió un correo al gabinete de Alcaldía el 13 de septiembre de 2016 solicitando "que nos confirmen si ya están en disposición de firmar el convenio. En el caso de que falte algún trámite, indíquenos el plazo en el que se podría rubricar". Según la Consellería de Vivenda, se remitieron correos similares a Ravella el 9 de diciembre de 2016, el 16 de febrero de 2017 y el 24 de ese mismo mes, "preguntando si el Concello estaba en condiciones de firmar ya el convenio. No hubo respuesta", insisten.
Es el 2 de marzo cuando la concejala de Benestar de Vilagarcía envía al IGVS un correo electrónico en el que "confirma la disposición del Concello a firmar el convenio. Por tanto es falso que el Ayuntamiento lo remitiese al IGVS hace dos meses".
Dejando a un lado esta guerra institucional que mantiene paralizado el Plan de Vivendas Baleiras, Vilagarcía acumula un alto porcentaje de viviendas vacías. El último dato oficial en este sentido apuntaba a 4.000 inmuebles desocupados. De hecho para reducir esta gran cantidad de propiedades que se encuentran "paradas" en el parque inmobiliario de la capital arousana y, sobre todo, para que las personas que se encuentran en una situación más favorecida puedan acceder a una vivienda digna, el Concello decidió el pasado mes de diciembre sumarse al Programa de Vivendas Baleiras promovido por la Xunta y la Fegamp (Federación Galega de Municipios y Provincias).
Por el momento se desconoce cuándo echará a andar este plan en la capital arousana y qué cantidad de propiedades vacías se pondrán en alquiler. Lo que sí es seguro es que los precios de los arrendamientos no superarán los 300 euros mensuales. Según establece la propia Xunta, los requisitos que deben cumplir los posibles inquilinos son encontrarse en situación personal o familiar que suponga una dificultad para acceder a la vivienda de alquiler libre, acreditar la percepción de ingresos económicos mínimos y no tener parentesco hasta segundo grado con el propietario del inmueble.
Además, tendrán preferencia las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o en proceso de desahucio, así como los hogares con hijos menores, las familias numerosas y monoparentales con hijos a su cargo. También tendrá prioridad a la hora de acceder a los alquileres "sociales" las unidades familiares en las que existan mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y dependientes.
