En la Sección Segunda de la Audiencia se celebra este martes un juicio contra J.R. acusado de vender droga en su domicilio de Cambados a quien el fiscal solicita una pena de cuatro años y medio de prisión, si bien podría producirse un acuerdo de conformidad.

La detención de J.R se produjo como consecuencia de una denuncia ciudadana en la que se ponía de manifiesto "la existencia de un punto de venta de droga en una vivienda de Cambados", en la que residía el acusado.

Tras la denuncia, la Guardia Civil abrió un dispositivo de vigilancia "en las inmediaciones" de la casa en el que se pudo comprobar "que desde la vía pública se percibe un fuerte olor característico de las plantas de cannabis sativa".

A la vez constataton que dicho lugar "es frecuentado por numerosas personas que cuando son interceptadas por la Guardia Civil al salir de dicha casa portan diversas cantidades de marihuana".

A raíz de ello se acuerda judicialmente "la entrada y registro de dicho domicilio" que se practica el 19 de noviembre de 2015 gracias al cual se interviene. "una sustancia blanca, supuestamente cocaína; otra sustancia blanca destinada al corte, otra que aparenta ser cogollo de marihuana; una cierta cantidad de supuesta marihuana y cinco plantas de tamaño medio" que también podría corresponder a esta planta estupefaciente.

Además de ello se le intervino un balastro eléctrico, un temporizador de corriente, un ventilador de pie, un ventilador de sobremesa, un foco de calor de 100 watios, una caja plástica que contenía semillas, además de dos pantallas reflectoras de calor, una tijera de podar, dos básculas de precisión, una báscula de cocina, dos paquetes de bolsitas con cierre hermético y 530 euros en efectivo.

Al final, la sustancia intervenida, tras su análisis "resultó ser cocaína, arrojando un peso de 6,639 gramos y una pureza del 34,66%; 289,5 gramos de marihuana y 1,832 gramos de hachís, cuyo valor en el mercado negro alcanzaría los 1.500 euros aproximadamente.

Entiende el fiscal que los hechos relatados constituyen legalmente un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de estupefacientes que causan grave daño para la salud.

Por este motivo solicita que se le imponga además de la pena privativa de libertad una multa de 4.000 euros.