En verano de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente publicaba por primera vez la línea de deslinde en los más de 10.000 kilómetros de litoral español y dejaba observar los varios miles de viviendas que permanecen dentro de la llamada zona de servidumbre de protección, un área de cien metros de ancho desde la línea de mar donde las construcciones se encuentran en situación de alegalidad y al margen de la normativa municipal general; por tanto sujetas a un régimen estricto de urbanismo competencia de Costas, con la imposibilidad de cambiar los usos, el volumen o la altura. En esas viviendas, donde ni siquiera es posible hacer reformas, podían ser regularizadas acreditando ante el Ministerio de Ambiente que esos núcleos ubicados en la zona de servidumbre ya existían antes de 1988, reclamando la reducción de la zona de servidumbre de cien a veinte metros, que es la distancia que se aplica en el suelo urbano reconocido. El Gobierno rechazó la mayoría de las peticiones, dejando centenares de casas en un limbo de alegalidad; incluidas las de localidades como Vilanova, A Illa, Poio, Vilaboa, Fene y O Grove, que ahora, sin embargo, recibe el espaldarazo del TSXG.
