El secretario de organización de Esquerda Unida en Galicia, Rubén Pérez, ha lanzado una advertencia al alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, para que no se ampare en la división existente en el seno de su agrupación local y que afecta a sus tres concejales, para negociar con uno de ellos (Miguel Alves) al margen del consentimiento de la gestora local que acaba de constituirse.

Sin embargo, el político de EU sigue sin revelar quienes son los integrantes de las dos gestoras aprobadas por unanimidad en la reunión del Consello Político Nacional del pasado 10 de diciembre. Pérez puntualizó que no dará a conocer los nombres antes de presentarlos a las agrupaciones local de Vilagarcía y comarcal de Arousa. Añadió que estas gestoras se están poniendo en contacto con los afiliados de la organización.

Según explicó Rubén Pérez, se ha abierto un expediente que se dará a conocer a los afiliados para acabar con una situación en la que "un grupo de militantes se están amparando en una situación de acoso y derribo. Esta ejecutiva nacional no lo tolerará más".

En cuanto al grupo municipal de Esquerda Unida, el dirigente del Consello Político Nacional, puntualizó que sus decisiones deben estar de acuerdo con planteamientos aprobados en el programa de la agrupación.

Rubén Pérez señaló que en Esquerda Unida las agrupaciones locales son órganos de rendición de cuentas y que no están constituidas en asamblea permanente, añadiendo que los grupos municipales rendirán cuentas en las asambleas cada seis meses.

Además expuso que las asambleas en EU se convocan con siete días de antelación como mínimo y que no existe el procedimiento argumentado por un sector de la agrupación local de Vilagarcía de que los concejales deben abordar en las asambleas todos los asuntos de los plenos municipales y acatar lo que éstas acuerden.

De este modo apoya las posturas de los concejales Jesús López y María Mosquera, frente a la que defiende el edil Miguel Alves, quien mantiene el funcionamiento que se llevaba a cabo en la agrupación local de Vilagarcía de reunirse con los afiliados y militantes para debatir los asuntos plenarios y llevar al pleno los acuerdos adoptados en esas reuniones. "No nos constituimos en asamblea permanente", apostilló.

En cuanto a la posibilidad de que el alcalde de Vilagarcía se beneficie de la división existente en el seno del grupo municipal de EU, intentando conseguir el voto a favor de Miguel Alves a los Presupuestos de 2017, el secretario de organización de EU manifestó que si Varela utiliza un concejal para aprobar el Presupuesto sin consentimiento de la gestora, va a pedir explicaciones al Partido Socialista, exigiendo el cumplimiento del pacto antitransfuguismo.

Aunque no quiso dar los nombres de los miembros de la gestora local, reconoció que tanto Jesús López como María Mosquera forman parte de la misma.

En relación con el cierre de la sede de EU en Vilagarcía, Pérez expuso que éste es para uso del grupo municipal, añadiendo que Miguel Alves pidió la apertura del local en el mismo día por lo que no dio tiempo de reunir a los miembros de la gestora para tratar y aprobar la petición.

Desconcierto

El caso es que la situación desconcierta a los militantes y afiliados que estaban acostumbrados a reunirse en la sede de la agrupación local de EU y a tratar los asuntos municipales con sus concejales.

El desconcierto llega al extremo de que no saben a quien dirigirse, ya que desconocen quienes son los miembros de las gestoras que fueron nombradas por el Consello Político Nacional y solo saben que fue el concejal Jesús López quien gestionó el cambio de la cerradura de la sede, que se hizo efectiva el día 10, aunque se había encargado para el 3 de diciembre, antes de la reunión del CPN.

Alves y los compañeros de la agrupación local que lo apoyan piden que las gestoras local y comarcal dejen de ser secretas, que sean imparciales y que cumplan con diligencia la función encomendada de "garantizar el normal funcionamiento orgánico de estas agrupaciones".

Recuerdan además, que incluso han pedido por escrito, con la firma de al menos el 40% de los afiliados la celebración de una asamblea para abordar el asunto, sin tener respuesta.