Un fallo judicial ha obligado al Concello de Meaño a indemnizar por despido a una trabajadora que prestaba su servicio en el programa domiciliario de "Axuda no Fogar", al reconocerle de manera implícita una condición de fijo-discontinuo por el encadenamiento de varios contratos.
Dicha indemnización, que se reconoció en el pleno de esta semana la alcaldesa Lourdes Ucha a requerimiento del portavoz de Meaño Independente José Manuel Aspérez, ascendió a un total de 4.454 euros.
Según explicó la alcaldesa, la trabajadora en cuestión, que había prestado servicios en los últimos años, se hallaba de baja cuando tuvo lugar la convocatoria del proceso de selección para el nuevo curso, "hecho por el cual no pudo presentarse al mismo para tener opción a hacerse con el puesto de trabajo para el nuevo año", aclaró la regidora.
Vía judicial
La empleada en cuestión reclamó entonces por vía judicial que se le reconociera su antigüedad con los contratos encadenados que había venido teniendo.
El juez le dio la razón y obligó al concello a readmitirla o, en su defecto, a indemnizarla por los años trabajados.
Lourdes Ucha precisó que "era imposible su readmisión cuando se comunicó el fallo, dado que su plaza ya estaba cubierta por otra empleada, y además la trabajadora en cuestión, hasta donde yo sé, sigue en situación de baja". Es por ello que el concello optó por la fórmula de la indemnización.
Documentación
Aspérez Montes demandó también documentación que acreditara que el grupo de gobierno ha pagado en realidad, tal y como se comprometió públicamente en su día a través de la regidora, la sanción de 3.146 euros impuesta al concello por Inspección de Trabajo a raíz de hallar en 2015 a una trabajadora en situación irregular en el campamento musical que el concello organizaba con su Escuela de Música en Marín.
Además criticó que el gobierno local recurra a la contratación de una empresa externa para cubrir los festivos y fines de semana del personal que trabaja en el programa de ayuda a dependientes "licitando ese servicio en un total de 60.000 euros, en vez de optar por contratar a más trabajadoras públicos".
