La magistrada del juzgado de instrucción número de 3 de Vilagarcía ha dictado una orden de desahucio contra Ángeles Méndez Castrelo, una vilagarciana con una discapacidad del 83% que lleva viviendo desde hace 28 años en una casa propiedad de sus padres y ubicada en A Torre. Sus progenitores la denunciaron y la juez acaba de darles la razón, obligando a esta mujer de 48 años y a su marido a abandonar la vivienda antes del 30 de noviembre, cuando está previsto que la comisión judicial efectúe el desalojo. Aunque en un principio Ángeles pensaba en presenciar el lanzamiento, "no merece la pena" -reflexiona-, por lo que finalmente ha decidido hacer las maletas y abandonar con anterioridad el domicilio. De hecho espera instalarse en su nueva residencia ya este fin de semana.

Esta vilagarciana lleva doce años con sus dos piernas amputadas a raíz de problemas de circulación, padece diabetes desde la adolescencia (con 13 años) y hace cuatro años fue operada con motivo de un cáncer de mama. Aunque tiene reconocida una dispacacidad del 83% -según su testimonio-, no cotizó el tiempo suficiente y por tanto carece de derecho a pensión. Solo cobra la Risga (Renta de Integración Social de Galicia), con un importe inferior a 400 euros al mes. Su marido trabaja en el sector de la construcción tras haber pasado un tiempo en el paro.

Ángeles asegura que no se habla con sus padres -ni viceversa- desde hace "unos seis o siete años", aunque admite que la mala relación comenzó antes. Ellos viven en la planta baja de la casa y la desahuciada en el bajo cubierta con su marido. Su hijo, de 29 años, se independizó ya hace tiempo; se fue a vivir con su pareja a una casa de su bisabuelo paterno, precisamente la vivienda en la que en los próximos días se instalarán Ángeles y su esposo, también en el barrio de A Torre. "Mi hijo se va de alquiler para dejarnos la casa a nosotros", agradece la vilagarciana.

Debido a su movilidad reducida (se desplaza en una silla de ruedas), han tenido que adaptar la vivienda. "Es pequeña y antigua, y las puertas son estrechas. Es más incómoda que esta [la que tiene que abandonar], aunque de ella puedo salir sola a la calle y allí tengo varias amigas cerca, así que en el aspecto social estaré mejor", declara Ángeles Méndez. Para acceder al piso del que tiene orden de desahucio debe subir varias escaleras. "Tengo prótesis, que para caminar un trayecto corto me sirven", apunta. Debido al esfuerzo que hago en la zona de los hombros al desplazarme en silla de ruedas tengo que ir a rehabilitación", agrega.

Afirma que sus padres la demandaron hace un par de años, y ahí comenzó una batalla judicial que tras el juicio oral celebrado hace unos meses en Vilagarcía, ha finalizado con una orden de desalojo. "Cuando nos vinimos a vivir a esta casa estaba en ladrillo. Nosotros hicimos la obra, pero no tengo facturas que lo demuestren", lamenta Ángeles Méndez, que asegura que no dejará nada en la vivienda. Ha vendido la estufa de leña, los muebles que se adaptan a la nueva casa se los lleva con ella y el resto los ha regalado. De hecho su marido ya ha comenzado con el traslado de enseres.

Según el testimonio de esta mujer, sus padres arguyen que ella "pica el suelo a propósito para que le entre agua en la vivienda de abajo, que en las habitaciones y el baño no hay quien viva o que instaló la estufa sin su permiso, entre otras cosas". Ángeles niega todo esto, si bien admite que no pagó unos recibos de alcantarillado y que la contribución la pagan sus padres.