La Plataforma Veciñal Sanxenxo volvió ayer a concentrarse ante la casa consistorial en protesta por el "catastrazo". Medio centenar de personas dejaron constancia de la necesidad de que se haga una revisión de la actual ponencia de valores del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Precisamente en la última sesión plenaria, la corporación aprobó la propuesta del PP, apoyada por el independiente Roberto Agís, de actualizar el IBI que pasará del 0,48 al 0,44%.
El colectivo mantiene que la bajada del IBI no tiene en cuenta la economía de las familias.
Tras la protesta vecinal, el alcalde, Gonzalo Pita, recibió a una representación de la Plataforma. El regidor comprometió a fijar una fecha a partir de la semana próxima para atender la petición de este colectivo de reunirse con la totalidad de los miembros del gobierno local. Problemas de agenda del alcalde harán que este encuentro no pueda celebrarse la semana próxima, pero Gonzalo Pita les citará "á maior brevidade posible".
La Plataforma pretende abordar en este encuentro un compromiso "firme de darlle solución a este problema que xerou no seu día o goberno anterior". A entender de la Plataforma pasaría por la elaboración de un Plan de Actuación a medio plazo.
Por otra parte, Gonzalo Pita, insiste en que el 60% de las pólizas suscritas por la administración local para cubrir vehículos, responsabilidad civil o edificios, estaban gestionadas por el exconcejal de Economía, Marcos Guisasola, que entre las actividades empresariales que desempeña se encuentra la de subagente de seguros. El regidor calificó de "irregularidad" esta actuación del exconcejal popular, en la gestión de los seguros tanto del Concello como del organismo autónomo Terra Sanxenxo.
Según los datos expuestos por Pita, la facturación por este concepto que realizaba Guisasola a través de su empresa podría rondar los 60.000 euros, a los que habría que sumar otros 40.000 correspondientes a los seguros contratados por Nauta Sanxenxo, de la que Guisasola era consejero delegado.
El alcalde explicó que estas "irregularidades" fueron detectadas a raíz de los insistentes reparos suspensivos interpuestos por el interventor municipal. "Un alcalde tiene potestad para levantarlos, y de hecho tuve que hacerlo en alguna ocasión porque no podíamos dejar sin seguro vehículos que están en uso. Pero la reiteración de estos reparos fue lo que me puso en sobreaviso y decidimos revisarlos todos", manifesto Pita.
