Hace diez años, José Dadín Varela, un joven empresario meañés, apostó por la energía fotovoltaica. Había descubierto esta posibilidad de negocio a través de un reportaje de televisión. Tras decidirse instala en una finca del lugar de Quintáns en Simes 315 de estas paneles solares sobre 21 seguidores, a los que sumó 215 más en estructura fija sobre la cubierta de una nave cercana.
Invirtió nada menos que 370.000 euros, lo que eran parte de sus ahorros además de un préstamo bancario para hacer frente a tamaña apuesta.
Los paneles de la finca de Quintáns producen 55 kWh o, lo que es lo mismo, una media de 550 kW al día, suficientes para mantener un barrio de doce viviendas. Eso sí, condición obligada entonces, verterla a la red general, por cuanto la normativa no permitía aprovechar este tipo de instalaciones para autoconsumo.
El negocio se asentaba sobre un acuerdo escrito, refrendado por ley, por el que, tanto a él como a otros promotores, se les pagaría la electricidad generada durante los 25 años siguientes un 575 por ciento más cara que el precio de mercado. Hace una década ese precio era del entorno de ocho céntimos por kilovatio, por lo que se le abonaría entonces a 44 céntimos. Sería el Estado, y no las eléctricas, quienes financiarían el sobrecoste. Era el precio por impulsar las energías limpias y reducir de paso nuestra dependencia energética del crudo.
Las previsiones de Dadín Varela se fundaban en que, con unos ingresos previstos de 60.000 euros anuales durante esos 25 años, su planta fotovoltaica quedaría amortizada en torno a 2016/18. A partir de esos 25 años regirían los precios de mercado pero la planta, que ya estaría amortizada de largo para entonces, seguiría aportando una renta básica que preveía "haría las veces de un plan de para la jubilación".
Pero el cambio de normativa del gobierno dio al traste con sus previsiones hasta el punto de que hoy, una década después, no solo no tiene amortizada su inversión, sino que reconoce que se está convirtiendo hasta en un lastre.
"Ya le perdí la pista y hasta la ilusión -lamenta José Dadín-, tengo que hacer números para pagar el crédito al banco, y hay meses en los que tengo que aportar dinero del bolsillo porque al precio a que pagan hoy la energía fotovoltaica, sobre todo si el invierno es malo, no da para cumplir con el banco".
Otro hándicap es que el gobierno ha limitado las horas de sol: "Te pagan la electricidad por un máximo de 1.270 horas de sol al año en la zona en que estoy -explica-, por encima de esas horas no te abonan nada. Además estás atado durante 25 años firmados: tienes la obligación de mantener la planta operativa, tanto que si no cumples con un mínimo de producción, que puede ser debido a falta de mantenimiento de la planta, pierdes el dinero de la subvención de todo el año".
