Las 46 trabajadoras de la residencia de ancianos "Divina Pastora" de Vilagarcía, popularmente conocida como el asilo, se han cansado de postergar sus derechos laborales en aras del saneamiento de la entidad y llevan casi un año reivindicando el cumplimiento del convenio colectivo del sector firmado a nivel gallego, que la propia directora del centro firmó como presidenta de la asociación gallega de residencias y centros de ancianos.

La situación ha llegado a un punto límite, por lo que están dispuestas a acudir a la Justicia y a la Inspección de Trabajo para hacer valer sus derechos, ya que en la actualidad no existen razones económicas para no aplicar medidas tan básicas como la concesión de las jornadas de libre disposición que figuran en el convenio colectivo.

Entre los requisitos ya negociados entre los sindicatos y la patronal del sector cuya aplicación demandan, figuran también la compensación de los festivos trabajados; la estabilidad laboral mediante contratación fija de una buena parte de la plantilla para ajustarse a las ratios fijadas en este tipo de empleos, así como la entrega de los uniformes de trabajo.

Se trata de cuestiones básicas que la plantilla fue pasando por alto durante años cuando la residencia solo contaba con 7 plazas concertadas por la Xunta de Galicia y había numerosas personas ingresadas acogidas al carácter social del asilo hospitalillo de ancianos, por lo que hubo una época que el centro estuvo contra las cuerdas económicamente.

Pero la situación ha cambiado de forma radicalmente. En la actualidad de las 102 plazas de residentes ocupadas, 54 son concertadas por la Xunta de Galicia, asumiendo la mayor parte de las de carácter social, y el resto son privadas, o sea que los usuarios abonan la totalidad del coste del servicio.

La mejora económica es completamente visible, según indican las delegadas sindicales, ya que desde hace un tiempo la dirección del centro lleva a cabo continuas obras de mejora en zonas comunes de la residencia.

Las trabajadoras felicitan estas obras de mejora, pero también recuerdan que llevan muchos años postergando el cumplimiento de sus derechos laborales y que ahora no hay razones que justifiquen que deban seguir sacrificándose. Al menos no han recibido ningún tipo de información documental económica que acredite una mala situación de la entidad.

Tras solicitar infructuosamente a la directora de la residencia la aplicación del convenio colectivo del sector que ella misma firmó como presidenta de la asociación gallega de residencias y centros de ancianos, Acolle, las delegadas sindicales optaron por elevar sus reivindicaciones al patronato de la fundación del asilo que preside el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela Paz.

En las varias entrevistas que mantuvieron con el regidor municipal obtuvieron muy buenas palabras, comprensión, pero ninguna mejora laboral de las que ya aparecen en el convenio de residencias.

Alberto Varela en uno de los últimos encuentros se comprometió a llevar el asunto al seno del patronato del asilo, y parece que así lo hizo, porque el patronato acordó contratar una asesoría externa compuesta por tres abogados para negociar con la representación de las trabajadoras.

La sorpresa fue brutal porque mientras les dicen que no hay dinero para cumplir las condiciones laborales establecidas para el personal de la residencia, los miembros del patronato deciden gastar dinero en la contratación de abogados.

Las delegadas sindicales quieren hacer entender al patronato que no tienen nada en contra de los abogados nombrados, pero consideran su presencia innecesaria porque no hay nada que negociar, dado que lo único que están pidiendo es el cumplimiento de normas laborales ya establecidas en el sector.

Recuerdan que el respeto de las condiciones laborales, mediante el ajuste de la plantilla para adecuar sus ratios al cupo de residentes que existe, no solo mejorarán sensiblemente la situación de las trabajadoras, sino también de los ancianos que están alojados en esta residencia.

Como ejemplo de la escasez de personal, las delegadas sindicales apuntan que en el servicio de lavandería hay una sola trabajadora de lunes a viernes, en horario de mañana y hasta las dos de la tarde, para lavar toda la ropa que se utiliza en un centro que acoge a un total de 102 residentes. En cuanto al reparto de uniformes de trabajo, solo se da a las trabajadoras fijas que son menos de la décima parte de la plantilla. El convenio indica que tienen que recibir dos equipos de ropa al año y las fijas todavía están esperando la primera correspondiente al actual ejercicio, en tanto que las contratadas temporales deben llevarlo de su casa.