Louzán cree que el caso de los alquileres sigue abierto por mera "cuestión política"

El expresidente de la Diputación asegura que sus abogados presentaron "pruebas contundentes" y espera que se archive el caso -La juez debe tomar ahora una decisión

27.10.2016 | 02:32
Rafael Louzán accede al interior de la sede judicial de Cambados. // Noé Parga

"Ni base técnica, ni documental ni jurídica". Así de contundente se mostraba ayer Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra, a la salida del juzgado de Cambados, tras celebrarse la vista previa sobre un presunto delito de cohecho relacionado con supuestos sobreprecios de los alquileres en unos bajos comerciales del barrio de Navia, en Vigo. En ese caso no solo está implicado el expresidente, sino también su esposa y el exdiputado provincial Severino Reguera.

Al igual que en las tres ocasiones anteriores, en la visita de Louzán al juzgado de instrucción número 2 de Cambados, solo intervinieron los abogados de la defensa y la Fiscalía, asegurando el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol que "todo quedó perfectamente claro ya que las pruebas no pueden ser más contundentes para acabar con el largo peregrinar que estamos realizando".

Una de las cuestiones que quiso dejar clara el exmandatario provincial es que "este caso existe porque me llamo Rafael Louzán y fui presidente de la Diputación", asegurando que nos encontramos "ante un juicio claramente político que sorprende a todo el mundo, incluso a mis adversarios políticos, muchos de los cuales me han preguntado cómo se sostiene esto".

Louzán asegura que su defensa ha presentado una serie de documentos en los que se demuestra que el precio establecido en el alquiler de los bajos comerciales no es "ni más ni menos que el de los establecimientos próximos, ya que hay diferencias de apenas dos euros, e incluso, contratos mucho más altos que éste, pero eso es lógico en un sistema de libre mercado como en el que nos encontramos".

Entre otros argumentos, los abogados de las defensas han comparado el precio de los alquileres de los locales de la zona, avalando los resultados con el análisis realizado por una tasadora, recordando Louzán que, junto a su esposa, tomó la decisión de comprar tres locales en Navia "como una inversión y suscribimos un préstamo hipotecario hasta el año 2023, fuera de eso, no hay nada más".

El informe referido fue realizado por la tasadora Tinsa y en él se recoge que, años después de la firma del contrato de alquiler hubo una baja en los precios de la zona de hasta un 35%. Las defensas cuestionan que todo el caso se sustenta en una estimación de mercado realizada por dos agentes de la Policía Judicial que no se ajustaría a la realidad. Es más, Louzán apunta que la Agencia Tributaria nunca se ha manifestado sobre esta situación, porque "pago mis impuestos, por eso no reclama nada; abono entre 50.000 y 60.000 euros al año por tres conceptos: mi nómina, los alquileres y la venta de uvas, son las únicas actividades económicas que tengo".

Insiste en que "la realidad es más que evidente, ya que los documentos que hemos entregado permiten ver los contratos que hay en la zona y nosotros alquilamos a un precio que consideramos razonable por su ubicación, por eso no se entiende este caso si no se ve desde una perspectiva de juicio político, ya que si fuese un ciudadano normal, este caso no existiría".

El responsable del juzgado número 2 de Cambados debe decidir ahora si abre juicio oral con tribunal popular, previsto en estos procesos penales, si archiva el caso, o si continúa con la investigación para que las defensas o la Fiscalía puedan aportar más datos.

El expresidente de la Diputación reconoce que su deseo es que se acabe esta situación de una vez, ya que el proceso se está extendiendo demasiado en el tiempo y por él ya han pasado hasta cuatro jueces diferentes. "Todavía no se ha tomado la decisión, pero esperamos que se acuerde en unos días o semanas; la verdad es que me gustaría que este largo peregrinar se acabase, pero nos toca esperar a ver cual es la decisión del juzgado", asegura.

Terminada la fase de instrucción, con toda la documentación aportada y los testimonios que reclamó el juzgado, incluida la propia cooperativa de viviendas MonteAlba, el expresidente del Partido Popular en Pontevedra señalaba ayer que "creo que todos los ciudadanos somos absolutamente iguales ante la Ley, y eso es lo que espero, tener el mismo trato y no diferente por haber sido presidente de la Diputación o un cargo público en esta provincia".

En julio pasado, el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, que estuvo presente ayer en la vista previa, presentó escrito de acusación contra Louzán, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera al entender que los "abultados" alquileres de los locales de Navia, pagados por la empresa de Reguera al matrimonio Louzán eran "un regalo" al expresidente provincial del PP a cambio de una supuesta promoción política. El fiscal pedía un año de cárcel para Louzán y Reguera y 9 meses para la esposa del político de Ribadumia. En aquel escrito, la Fiscalía pedía la apertura de juicio oral contra los acusados.

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