La magistrada de Lugo Pilar de Lara ha "imputado" formalmente al exalcalde de Ribadumia, José Ramón "Nené" Barral Martínez por los presuntos delitos de contrabando de tabaco, delito fiscal y blanqueo de dinero. Barral acudió al pasado martes a Lugo a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, y ya lo hizo en calidad de investigado, figura jurídica que sustituye a los "imputados", que ahora como tal no existen.
José Ramón Barral se acogió a su derecho a no declarar, pero permanece investigado en la causa, que ha sido bautizada con el nombre de Operación Cebra. También acudieron a declarar una hija del exalcalde, de iniciales A.B.D.; el abogado de Barral en el caso de delito fiscal por el que fue condenado la primavera pasada, C.S.D.; y un presunto socio de Barral, M.A.C., que está afincado en Extremadura.
La Operación Cebra estalló públicamente el jueves de la semana pasada, cuando agentes de Aduanas y de la Policía Nacional irrumpieron en varias propiedades vinculadas de una u otra forma a Barral para llevar a cabo un registro ordenado por Pilar de Lara, una juez que ha saltado al estrellato mediático gracias a sonadas operaciones contra la corrupción política.
En concreto, los agentes accedieron a la vivienda que Barral tiene en Vilanova, a un pazo de Portas y a una propiedad de la hija del histórico tabaquero, así como a una vivienda de Extremadura y al despacho de abogados de A Coruña que llevó el caso de blanqueo de Nené Barral.
Al término de esa jornada, el exalcalde de Ribadumia no había sido citado formalmente a declarar ni se le abrió investigación (imputación) alguna. No obstante, Pilar de Lara sí dio ese paso a las pocas horas, citando ya para el martes al hombre que dirigió durante casi 20 años los designios de Ribadumia, y que fue uno de los más influyentes barones del PP gallego, hasta el extremo de que aupó a la Diputación a Rafael Louzán. En la sesión judicial del martes estaban citados los otros tres investigados, pero solo declaró el abogado, quien sería sospechoso de blanqueo. Barral fue condenado este año a pagar 700.000 euros porque eludió el pago de cuantiosos impuestos.
