Rosa María Charlín Martínez, sobrina del patriarca del conocido como "clan de los Charlines", Manuel Charlín, deberá volver a sentarse en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusada de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Lo hace por segunda vez, dado que este juicio se inició en mayo de 2015, pero la Audiencia de Pontevedra lo suspendió atendiendo a una petición del abogado de la defensa, quien aducía que a Rosa Charlín la estaban procesando en dos juzgados arousanos distintos por los mismos hechos.

Así, señalaba que a esta causa que llegaba a la Audiencia Provincial tras ser instruida por el juzgado número 1 de Vilagarcía, había que sumar una "idéntica" que estaba en trámite por el juzgado número 2 de esa misma localidad. El órgano provincial requirió al juzgado de instrucción que testimoniase esa segunda causa, pero al juzgado no le dio tiempo a responder entonces por la falta de medios para copiar estas actuaciones.

Aquel inicio de la vista también sirvió para que la acusada adelantase al tribunal que se declaraba "no culpable" de los cargos que se le imputaban. Y es que, como ya se indicó entonces, Rosa Charlín se enfrenta a una petición de prisión de cinco años y tres meses de prisión como autora de un delito de blanqueo de capitales.

En su escrito, la Fiscalía recuerda que la acusada cuenta con antecedentes penales por narcotráfico, aunque no computables, dado que fue condenada en el año 1995 por la Audiencia Nacional a 9 años de prisión y cien millones de pesetas de multa por la incautación en 1991 de mil kilos de cocaína en el buque "Rand".

También recuerda la condena del que fue su marido hasta 2002, Jorge Durán, a 9 años de cárcel en 2004 también por narcotráfico. El fiscal asegura que Durán obtuvo "importantes ingresos económicos resultantes de esta actividad" y cree que "utilizó" a quien entonces era su mujer y a las empresas en las que ella figura como administradora "como instrumentos de ocultación o de conversión de estas sumas de dinero desde el año 1999 hasta 2004".

En su escrito de acusación, el fiscal señala como la acusada adquirió entre 1999 y 2008 una serie de fincas, inmuebles y vehículos y otros bienes y servicios para los que pide su comiso. En algunos casos, estos bienes eran adquiridos en parte con créditos.

Los ingresos medios declarados por la acusada por la actividad de sus empresas de 2001 a 2008 "no fueron superiores" a los 30.000 euros anuales. Tras calcular el gasto medio de un hogar el fiscal concluye que en esa época aparecen gastos por valor de 243.852 euros.