Cuatro obreros piden a una abogada que les despida para poder cobrar el paro

Son operarios de una empresa de prefabricados de hormigón que lleva parada desde junio - Urgen a la administradora concursal de la firma a que extinga sus contratos

15.09.2016 | 02:31
Los afectados contaron con el apoyo de los sindicalistas y otros trabajadores en una concentración ante la sede de la factoría de Meaño. // Noé Parga

Cuatro trabajadores de la empresa Celso Canarios e Hijos están viviendo una pesadilla. La empresa, que se dedica a la fabricación de prefabricados de hormigón y a la venta de hierros para la construcción, ha entrado en proceso de liquidación y no trabaja desde principios de junio. Los obreros no han cobrado nada desde entonces, y ya dan por hecho que la empresa cerrará definitivamente, pero aún así no pueden ni cobrar el paro ni ninguna otra ayuda pública, ni buscar otro trabajo o establecerse como autónomos porque a efectos legales siguen siendo trabajadores de Celso Canario e Hijos.

De ahí que cuatro de estos trabajadores hayan comparecido ayer antes los medios de comunicación para denunciar su situación. Lo hicieron en compañía de Xoán Xosé Bouzas, "Tupi" y Ester Campoamor, representantes del sindicato CIG, que les está apoyando en este proceso. Así, se concentraron primero delante de la fábrica, situada en Dena (Meaño), y posteriormente dieron una conferencia de prensa en Vilagarcía.

En esta última explicaron que su situación podría resolverse fácilmente si la administradora concursal de Celso Canario e Hijos aprobase y firmase los despidos. El hecho de que no lo haya hecho ya, aseguran, les está causando un gran perjuicio familiar y económico. "A mí ya me han apercibido el piso", declaró uno de los operarios.

Desde 2014

La empresa Celso Canario se creó a principios de la década de los 70, y llegó a ser puntera en su sector, contando en los mejores momentos con hasta 15 empleados. En los años 90 cambió su denominación por Celso Canarios e Hijos. Siguieron siendo años buenos, pero la situación cambió a partir de 2008, con la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La empresa pidió varios expedientes de regulación de empleo (ERE) tanto temporales como definitivos, lo que hizo mermar la plantilla hasta media docena de personas.

Y aunque entre 2014 y 2015 la situación parecía remontar no fue así, y en la primavera de ese último año la empresa solicitó el concurso de acreedores voluntarios. El Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra nombró entonces a la abogada de A Estrada Elisa Salinas como administradora concursal, y es a ella a quien ahora acusan la CIG y los trabajadores de las penalidades que están pasando estos últimos. "Basta con que se siente con nosotros a firmar el ERE que ya está calculado, pero lleva varios meses sin cogernos el teléfono ni contestarnos a los correos electrónicos", asegura Campoamor. Por ello, instan al Juzgado de lo Mercantil a que acelere el proceso.

FARO intentó contactar ayer por la mañana y la tarde con la letrada, pero sin conseguirlo.

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