Un juez de Santiago de Compostela ha abierto diligencias previas contra los responsables de una veintena de talleres de Galicia, Asturias y León por el escándalo de los cuentakilómetros trucados, entre los que se encuentran media docena de establecimientos del entorno arousano, incluido el que fue propiedad del exalcalde de Ribadumia, José Ramón Barral Martínez más conocido como Nené Barral y que todavía tiene varios frentes abiertos con la Justicia, algunos por supuestos tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
En este primer paso imprescindible para la celebración del macrojuicio por procedimiento abreviado, el juez considera que existen indicios de los supuestos delitos de falsedad y estafa por lo que propone la calificación de los hechos por parte del fiscal y las acusaciones particulares que representen a las víctimas que ejerzan la acusación.
La actuación consistía básicamente en la venta de coches a los que se había rebajado el kilometraje en el marcador con el propósito de encarecer el precio del vehículo de segunda mano, hechos que según la investigación se realizaba en dos talleres de Milladoiro (Truck and Car Technology Sistems S.L.) y Calo (Edagyam S.L), regentados por Johann Grim, también investigado en la causa.
En el caso de Arousa, son varios los talleres implicados en esta macrocausa judicial, entre ellos el concesionario Autovisa de la marca Ford, Automóviles Mouriño o Salnés Auto, pero también aparecen otros conocidos establecimientos como Mara (Poio), Autos Brea (Santiago de Compostela), Autos Compostela (Padrón) o las firmas que componen el Grupo Breogán (Breogán Autolux, Breogán Motor, Dársena Motor y Breogán Ocasión), así como firmas de A Coruña, Lugo o incluso León y Asturias.
Respecto al exalcalde de Ribadumia, José Ramón Abal Martínez, el escrito de diligencias previas expone que era el propietario del establecimiento "Automoción Vilagarcía S.A. (Autovisa)", sito en la capital arousana. Explica que en el período comprendido entre 2006 y 2008 "vendió al menos seis turismos por un precio superior al que le correspondían si hubiesen mantenido la indicación de kilómetros reales". Agrega el magistrado compostelano que el investigado "había utilizado los servicios de T&C para manipular la indicación de los kilómetros y que figurasen en el contador menos de los que tenían".
Observa que el kilometraje de estos vehículos "era determinante para la decisión del comprador, bien como característica esencial del vehículo a adquirir, bien ponderando el precio que se establecía para tal kilometraje".
En todo caso, la cantidad obtenida en dicho concesionario sería inferior a los cincuenta mil euros.
Pero además de Nené Barral se incluyen otros concesionarios de la comarca como el caso de Salnés Auto, regentado por Óscar S. en Vilagarcía.
En el mismo período 2006-08 "vendió al menos dos turismos por un precio superior al que le correspondían" si no se hubieran alterado los kilómetros. El beneficio tampoco supera en este caso los 50.000 euros.
Respecto a Automóviles Mouriño están imputados Manuel M. B., María Teresa O. B. y Roberto M. O. a quienes le atribuyen la alteración de kilometraje en al menos 24 vehículos por lo que el beneficio podría superar en este caso los 50.000 euros.
Otros concesionarios próximos son Xaquín Ocasión, de Joaquín P. D., en Dodro, quien vendió al menos cinco vehículos en estas condiciones; un centro multimarca de A Coruña regentado por Federico M-R. J., que supuestamente alteró 20 vehículos; o los propietarios de Mara Poio; además de otras compraventas de Galicia.
Junto a los representantes de estos talleres, el juez implica al propietario del establecimiento en el que supuestamente se alteraban los cuentakilómetros, Johann Grin, y sus cuatro empleados: Roberto L., Manuel E., Óscar C. y Ángel Z.
Los hechos se conocieron tras la investigación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña en 2008.
Así,explica el auto judicial, "alertados por el contenido de unas conversaciones telefónicas, enmarcadas en otro procedimiento judicial, se tiene conocimiento de Johann Grimm podría estar manipulando los cuentakilómetros por encargo de diversos establecimientos de venta de vehículos de segunda mano, teniendo unas instalaciones donde llevarlas a cabo.
La Guardia Civil registró los establecimientos de Calo y Milladoiro así como los demás talleres involucrados en los que "se incautó numerosa documentación, se comprobaron las alteraciones de los distintos cuentakilómetros, la alteración de los datos del contrato de compraventa y la influencia en el precio cobrado".
Todo ello supondría, en opinión del juez, "un ilícito enriquecimiento para todos los miembros de la cadena".
