El juzgado condena a dos empresas a pagar 280.000 euros al Concello cambadés

Se trata de las firmas a las que se les adjudicó la explotación de la plataforma logística inversa de Sete Pías, y la cuantía se corresponde con el canon impagado desde 2011

07.09.2016 | 02:17
Xurxo Charlín. // Iñaki Abella

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra condena a dos empresas a pagar 280.000 euros al Concello de Cambados en concepto del canon de explotación de la plataforma logística inversa, que se le adjudicó a estas dos sociedades. El dinero corresponde a las cuantías que las firmas tendrían que haber abonado al Ayuntamiento entre 2011 y 2014.

La plataforma logística inversa se construyó en 2007, y costó tres millones y medio de euros. Se hizo gracias a un proyecto de la Unión Europea, y los promotores fueron la Diputación de Pontevedra y el Concello de Cambados. El objetivo de la instalación era tratar residuos industriales no contaminantes y se convocó un procedimiento de licitación que ganó la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Estévez Container Ourensanos y Soil Recovery.

Pero enseguida empezaron los problemas. Las dos empresas denunciaron al Ayuntamiento, alegando que el expediente de licitación de la explotación de la planta adolecía de numerosos errores de cálculo a la hora de prever los residuos que entrarían en la misma. Según los empresarios, estos cálculos eran "extremadamente optimistas", y cuando empezaron a trabajar vieron que no se alcanzarían estos volúmenes, con los que sus ingresos eran inferiores a los esperados, y consideraban que el canon anual que les pedía la administración municipal era, en consecuencia, excesivo. Así las cosas, dejaron de pagar en 2011, pese a que el Concello les siguió reclamando el dinero.

El caso ha llegado ahora al Contencioso-Administrativo de Pontevedra, que da la razón al Concello, hasta el extremo de que incluso condena a las empresas a pagar las costas del procedimiento, valoradas en unos 800 euros. El total del canon asciende pendiente de abonar asciende a 280.172 euros. De todos modos, la sentencia todavía no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Los magistrados consideran que las empresas no han sido capaces de probar con "datos sólidos, consistentes" que no hubiese podido prever la falta de rentabilidad de la planta, dado que se trata de firmas con una amplia experiencia en el tratamiento de residuos.

Eso sí, en el fallo se citan informes periciales que confirman, que en efecto, el volumen de entrada de residuos en la planta fue muy inferior al previsto en el pliego. Una situación similar se produjo con las concesionarias de las autovías de O Salnés y Barbanza, que recibieron compensaciones económicas de la Xunta debido a que ambas carreteras tuvieron menos tráfico que el previsto en un primer momento por la administración.

La nave sigue cerrada

El grupo de gobierno de Cambados carga contra el Partido Popular a raíz de este procedimiento. El portavoz municipal, y concejal del área de Industria, Xurxo Charlín, considera que la prueba de que los conservadores gestionaban mal los fondos públicos es que se invirtieron 3,5 millones de euros en una planta de tratamiento de residuos que posteriormente apenas ha tenido uso. También cuestiona el procedimiento de adjudicación tanto del proyecto como de la construcción del edificio. De ésta se encargó Sercoysa, en una época en que esta empresa estaba dirigida por el después conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández.

En opinión del concejal del cuatripartito, la controversia de la plataforma logística "muestra un modelo de gestión calamitoso hecho por parte del anterior gobierno del Partido Popular, en el que primaba la ejecución de obras sobre la gestión de las mismas y de los servicios que puedan repercutir en la ciudadanía".

A día de hoy la nave sigue cerrada, y el Concello no tiene ningún plan para ella a corto plazo, pues según Charlín no se puede utilizar hasta que finalice el procedimiento judicial. Una situación que aún podría alargarse unos años, habida cuenta de que debido al elevado importe que se le reclama a las empresas es más que probable que éstas recurran en todas las instancias posibles.

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