La Diputación de Pontevedra anunció ayer que va a anular el proyecto de mejora de la carretera Baión-András (Vilanova), que había dejado adjudicado el anterior gobierno de Rafael Louzán a la empresa Covsa. El diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, afirma que la decisión se toma porque el proyecto presentaba graves deficiencias, hasta el extremo, según él, de que ni siquiera existía aún permiso de muchos propietarios para la ocupación de sus terrenos por la carretera. Pero esta decisión ya ha sido duramente criticada por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, quien afirmó que "lo que me parece es que nos han robado los 1,7 millones de euros de la carretera con disculpas".
La Diputación remitió ayer un comunicado en el que explican que el ente provincial ha detectado graves deficiencias tanto en el proyecto de Baión (la EP-9701), como en otro de Rebón (Moraña, la EP-0503). En este segundo caso la anulación del proyecto se aprobó en la junta de gobierno de la Diputación de ayer, y en el caso de Baión se hará en las próximas semanas. Según la Diputación, el contrato se rompió en Moraña de acuerdo con la empresa afectada, por lo que la administración no tendrá que pagar penalización alguna. En el caso de Baión, también esperan que el contrato con Covsa se resuelva "por vía amistosa".
Acusaciones de la Diputación
La ampliación de la carretera que va de András a Baión y que termina en la PO-531 (Vilagarcía-Pontevedra) es un viejo proyecto iniciado hace unos años por la Diputación. Las obras se han ido haciendo por tramos, y poco antes del cambio de gobierno, el año pasado, el ente provincial le adjudicó a Covsa la siguiente fase, consistente en la construcción de una variante de tres kilómetros, y que tenía un presupuesto de 1,7 millones de euros. Esos son los trabajos que ahora se bloquean, si bien Uxío Benítez afirma que ahora se va a contratar una nueva asistencia técnica "para ver las posibilidades de actuación".
La Diputación justifica su decisión en una serie de argumentos, aunque el primero de ellos sería "la celeridad sospechosa" con que se adjudicó la obra "en la última semana de gobierno de Rafael Louzán", y más teniendo en cuenta "el ritmo administrativo anterior del expediente".
Así, el diputado asegura que la adjudicación se produjo sin tener a disposición los terrenos, y que de hecho ni se había iniciado aún el expediente expropiatorio ni existía compromiso de colaboración de los propietarios. Según Benítez, además, "muchos de ellos no estaban dispuestos a ceder sus fincas". Añade que la Diputación recibió "escritos de asociaciones de vecinos afectadas, que manifestaron estar en contra del proyecto porque le quita vida al núcleo de Carballo".
Benítez prosigue indicando que el expediente del proyecto carece de evaluación ambiental simplificada y que el informe de Patrimonio no les llegó hasta hace diez días, "con la conclusión de que es necesario modificar el proyecto para seguir adelante". "En cuatro lugar, la autorización de la concentración parcelaria caducó hace un año". Así las cosas, la Diputación concluye que "los impedimentos son insalvables" y que "no vamos a consentir obras que no se ajusten a la legalidad". También atribuye una actitud "beligerante" a Gonzalo Durán, de quien Benítez asegura que "en los meses que llevo trabajando aquí no recibí una llamada suya, ni una solicitud de entrevista para buscar soluciones. Lo único que veo son críticas a través de los medios de comunicación".
Versión de Durán
Pero el punto de vista del alcalde de Vilanova es muy distinto. "Nos han robado el dinero de la carretera de los vecinos con la complicidad de los enchufados de izquierdas. Estuvieron un año sin hacer nada y ahora se llevan el dinero para otro lado. Si había problemas en la carretera son ellos los que los tenían que resolver, porque es una carretera de la Diputación, y no los resolvieron".
