La imagen que ilustra la siguiente página de este reportaje, elaborada por un técnico en mediciones, demuestra como la nube tóxica visible que desprende un atomizador -que no la invisible, que es más amplia- alcanza los 72 metros de largo por otros 72 de alto. La secuencia, captada desde el centro de la localidad de Meaño, muestra la actividad de uno de estos aparatos en la parte alta de Lores, a una distancia de aproximadamente dos kilómetros en línea recta al objetivo de la cámara. Cuando una actividad así se lleva a cabo en zonas inmediatas a viviendas, despierta el recelo de vecinos, que ven como su casa, huerta y vida exterior se ven afectadas por estas nubes tóxicas que originan, en más de una ocasión, discusiones entre vecinos y viticultores.
Elías Castro, vecino de Meaño a la par que viticultor, es uno de los afectados en su vivienda de Pereiras: "Es lamentable que no se ponga coto a esto. El domingo cuando me disponía a coger mi coche, estacionado en un aparcamiento público delante de casa, me encontré con él todo lleno de sulfato? Otro día que si un tendal de ropa, otro que los cristales que acabas de limpiar, incluso en una ocasión en pleno verano, con el viento soplando del norte, cuando nos dimos cuenta la nube de sulfato que desprendía un atomizador entraba en la cocina mientras estábamos comiendo". "Yo -agrega- estoy de acuerdo en su uso en espacios grandes y alejados de viviendas, pero en las cercanías de ellas, y más tratándose de fincas pequeñas, se debería sulfatar a pistola para minimizar el impacto, lo contrario es invadir los derechos de los residentes, ¿o no?".
Actualmente la legislación vigente en España, cuyo documento clave al que remiten los técnicos consultados es el Real Decreto 1311/2012, precisa distancias mínimas con respecto a pozos de agua potable y ríos a la hora de aplicar fitosanitarios -50 metros-, pero no detalla alguna con respecto a viviendas. Preguntado sobre el particular, José Manuel Loureiro, responsable del Servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta en Pontevedra, lo confirma: "El Real Decreto sí precisa muy bien una serie de parámetros y de distancias con respecto a pozos, ríos y demás, pero en cambio no dice nada con respecto a viviendas, lo que, en parte, no deja de suponer cierta incongruencia".
El Decreto en cuestión tan solo incluye en su capítulo IV una vaga mención a las zonas habitadas. Es en su artículo 27 que reza textualmente: "Si la zona sobre la que se va a efectuar la pulverización está próxima a zonas habitadas o transitadas, en el procedimiento de autorización deberá considerarse el posible impacto sobre la salud humana, incluyéndose en la autorización, en caso necesario, medidas específicas de gestión del riesgo, para velar que no se produzcan efectos adversos". No más.
"En estos casos -precisa José Manuel Loureiro- lo más sensato es apelar a un código de buenas prácticas, que se le da a conocer a los viticultores en sus cursos formativos para la obtención del carné de aplicador de productos fitosanitarios". Pero, por otra parte, tampoco en estos cursos se suele incidir sobre el particular en relación con viviendas y se habla de "sentido común a la hora de realizar la aplicación".
"En mi caso tengo suerte con el vecindario", explica Joaquín Rodríguez, quien en su día fue presidente del Colectivo Ecoloxista do Salnés, y que tiene su vivienda enclavada en medio de viñedos en la localidad meañesa de Padrenda. "Cierto que tuve que hablar con algunos viticultores que utilizaban atomizadores al lado de casa, incluso en ocasiones cuando estábamos comiendo en el exterior en verano, por lo que teníamos que recoger todo y meternos dentro, pero lo entendieron y ahora nos avisan con anterioridad cuando van a tratar". "Pero sé de gente -añade- que sí tiene problemas, que han hecho grabaciones y que incluso se están planteado el denunciarlo".
Pero una denuncia así tiene escasos visos de prosperar. "Es complicado -admite José Manuel Loureiro-, al no estar prohibido lo único que cabría demostrar es que el viticultor está haciendo mal uso en cuanto a las presiones con que trabaja en su atomizador, y eso es difícil porque cuando lleguen los agentes al lugar es bastante probable que haya acabado de sulfatar y no esté ya en la viña".
De esta forma, el residente en una vivienda en zona de viñedos -estampa habitual en O Salnés dado el minifundio y la dispersión de la población-, queda así desamparado en su casa y su trozo de huerto que presumía ecológico. Hasta el Colectivo Ecoloxista do Salnés, que hace unos días denunciaba los daños que el uso continuado de fitosanitarios estaba causando al Umia, no ha hecho hincapié sobre los posibles efectos adversos directos en cuanto a la población.
Así las cosas, la situación del cultivo ecológico al aire libre en O Salnés es una quimera. Manuel Cancio, técnico del Craega (Consello Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia) lo explica: "Para que una parcela sea declarada apta para un cultivo ecológico debe guardar una distancia de entre uno y dos metros con respecto a otra colindante donde se apliquen fitosanitarios". "Se puede recurrir a setos para que actúen de barrera, pero si se trata de viñedo emparrado, como es el caso de O Salnés y donde son habituales los atomizadores, eso es muy complicado".
Advierte además que el agricultor que produce -aunque sea desde hace años- en una finca con sello de "ecológica" puede verse perjudicado en el caso de que el colindante plante un viñedo emparrado: "En ese caso el agricultor ecológico está fastidiado. Si sucede, lo más probable es que su producto pierda su sello, no importa que él llevase desde varios años antes con su actividad".
"Es una situación compleja -apunta el bodeguero meañés Eulogio Pomares cuando es preguntado sobre el particular- que, de momento, aquí no ha saltado, pero que en la zona de Burdeos en Francia, que conozco bien, ya ha originado sus conflictos, como la intoxicación por vía aérea de niños de un colegio, razón por la que luego se llegó a la prohibición de aplicar cerca de centros de enseñanza donde hubiera alumnos expuestos".
