El Plan sobre Drogas aún no sabe qué hacer con la casona embargada a Oubiña en 2014

El Gobierno barajó incluirla en una subasta o cederla directamente a una asociación de apoyo a drogodependientes, pero ninguna propuesta ha fraguado en dos años y medio

21.07.2016 | 08:24
Casona embargada a Laureano Oubiña en el barrio de A Laxe (Vilagarcía). // Iñaki Abella
Casona embargada a Laureano Oubiña en el barrio de A Laxe (Vilagarcía). // Iñaki Abella

Dos años y medio después de que el Tribunal Supremo hiciese firme el embargo de la casona del narcotraficante Laureano Oubiña de A Laxe (Vilagarcía), el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) aún no sabe qué hacer con el inmueble. Retirado en su día de una subasta sin que llegase a presentarse por él ni una sola oferta -la entidad procedió de ese modo tras recibir la reclamación de la empresa que construyó la casa, pues había en la misma materiales que eran suyos y que nadie les habían aún pagado- el Plan sobre Drogas sigue sin deshojar la margarita del futuro del inmueble.

La propiedad va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el Plan sobre Drogas. De hecho, ya ha habido quejas de los vecinos, puesto que la finca está rodeada por unas tullas de gran porte, cuyas ramas invaden -y en algunos casos dañan- las propiedades colindantes. Y dado que el chalé y una parte de la finca le fueron cedidos en su día al Plan sobre Drogas, es precisamente esta entidad la que tiene que ocuparse del mantenimiento, y evitar que los árboles sigan causando molestias.

Pero, más allá de esa circunstancia, los responsables del departamento dependiente del Ministerio de Sanidad se han encontrado con una patata caliente difícil de manejar. Hay varios factores que parecen indicar que no les será nada sencillo deshacerse de la casona. En primer lugar está el precio.

En la subasta a la que no llegó a presentarse el chalé -se incluyó inicialmente, pero se retiró días antes de la puja por la reclamación de la constructora-, los peritos lo valoraron en 366.000 euros. Una cifra que puede antojar elevada si se tiene en cuenta que por dentro solo están hechas las divisiones interiores. Tampoco se puede olvidar que la casa comparte determinadas estructuras y servicios con otras viviendas anexas, que aún están ocupadas por personas de la familia Oubiña-Lago -como el tejado-, con las incomodidades que eso podría acarrear a un futuro inquilino.

Ni siquiera parece que vaya a llegar a buen puerto otra de las propuestas del PNSD, que consistía en ceder el uso de la casa directamente a una asociación de apoyo a los drogodependientes. La presidenta de la asociación Érguete, Carmen Avendaño, ya manifestó en su día que la mansión no tiene las condiciones adecuadas para un colectivo de ese tipo.

1,8 millones

El chalé de A Laxe es el que estaban construyendo Laureano Oubiña y su mujer Esther Lago. Las obras se vieron truncadas por la huida a Grecia y posterior detención del capo arousano, pero los juzgados abrirían con el tiempo una investigación por presunto blanqueo. Así, se acusó a Oubiña de blanquear 1,8 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en la construcción de la casona, situada en una zona del rural de Vilagarcía, pero a medio kilómetro de distancia del centro urbano.

El asunto fue juzgado en la Audiencia Nacional, y Oubiña salió condenado. El narco recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, pero en febrero de 2014 el Alto Tribunal confirmó la pena de cuatro años y medio de cárcel para Oubiña. También se hacía firme el embargo de algunas de sus propiedades, como un solar situado en primera línea de playa en Sanxenxo -que sí se ha vendido- y la casona de A Laxe que de alguna manera provocó su condena por blanqueo.

Apenas unos meses después, en noviembre, el PNSD convocó una subasta de bienes embargados a narcotraficantes de toda España, y entre estos aparecía el chalé. Aunque lo retiró unos días antes de que se celebrase la puja. Y desde entonces nada se ha vuelto a saber de los planes del Gobierno.

No ha sido incluido en ninguna otra de las subastas o procesos de venta directa que se convocaron desde entonces, como tampoco se avanzó en la posibilidad de ceder su uso a otras entidades vinculadas de una u otra forma con el apoyo a los drogodependientes.

Ya han pasado dos años y medio de la sentencia del Supremo que hizo firma la incautación, pero sus actuales propietarios no solo aún no saben cómo deshacerse de él, sino que también tienen que correr con los gastos de mantenimiento y puesta a punto.

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