Tras más de un año de negociaciones y desencuentros, sindicatos y patronal parecen haber alcanzado un punto de encuentro para desbloquear el convenio de la conserva, que debe marcar las relaciones laborales en el sector entre el período 2015 y 2020. Así lo reconocían ayer desde el sindicato Confederación intersindical Galega (CIG), entidad que se posicionó de manera frontal contra muchas de las cuestiones que intentó introducir la patronal en ese documento.

La portavoz de la CIG, Rosa Abuín, reconocía ayer que el documento, sin ser el mejor, se encuentra encauzado a falta de su redacción final.

En ese preacuerdo alcanzado por las dos partes ya no figuran cuestiones que provocaron el enfrentamiento entre las dos partes, como son el pago en especie, el incremento de la jornada laboral, la disponibilidad horaria para trabajar en sábados y en domingos, o la flexibilidad horaria, cuestiones que el sindicato nacionalista y mayoritario en el sector en Galicia no estaba dispuesto a aceptar bajo ningún concepto.

Queda pendiente la cuestión de la antigüedad, cuya redacción en el acuerdo final, que estará listo, probablemente, en el mes de septiembre, puede suponer la aprobación del documento, siempre y cuando se respete "el espíritu que figura en el preacuerdo".

Desde 1994 existe en el sector la cuestión pendiente del pago de la antigüedad a muchos trabajadores, un conflicto que se avivó todavía más con una sentencia en la que se condenaba a las empresas a abonarlo, pero para conseguir su cobro, los trabajadores deben denunciar de forma individual. El preacuerdo ofrece un camino intermedio, que es el de abonar 750 euros a aquellos trabajadores con veinte años de antigüedad y la parte proporcional al resto según los años trabajados.

Esa solución es respaldada por el sindicato nacionalista, que reconoce que "el 90% de los trabajadores no tiene intención de denunciar, y este acuerdo, garantizaría una solución para todos estos trabajadores". Sin embargo, el sindicato entiende que esa decisión personal no debe ser óbice para quedar excluido del convenio si se lleva a la empresa a los tribunales, por eso esperan que en el documento final la patronal no incluya la cláusula de vinculación a la totalidad. En caso de que figurase esa cláusula, el sindicato no respaldaría el acuerdo.

La CIG se adhirió al último convenio colectivo de la conserva en 1986, cuando se equipararon las condiciones salariales de Galicia a todo el Estado, pero desde entonces, siempre se ha negado a respaldar los acuerdos, al considerar que perjudican a los trabajadores de la comunidad autónoma, curiosamente la que reúne a un mayor número de contratados por el sector, ya que alcanza las 12.000 personas.

Además, el preacuerdo también contempla un incremento salarial de ente el 1 y el 1,5% a aplicar cada año, lo que supondría una subida salarial del 6,30% durante los próximos años en un sector que ha perdido una importante capacidad adquisitiva en los últimos años. A esto hay que añadir cuestiones como las licencias de cinco días o las vacaciones de 20 días naturales, que permiten a las trabajadoras ganar dos días a mayores de los que tenían.

La Confederación Intersindical Galega trasladó a una asamblea de representantes este documento sobre el que se basará el acuerdo, que han dado su visto bueno a la espera de analizar, de forma pormenorizada la redacción final. También ha dado su visto bueno UGT, mientras que Comisiones Obreras se encuentra en pleno proceso de fusión de sus federaciones de alimentación e industria y tiene que analizarlo en profundidad antes de pronunciarse.