Los ayuntamientos de O Salnés y Ullán aún le deben más de nueve millones de euros a las empresas y autónomos que trabajan para ellos. Así se desprende de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda correspondientes al pago medio a proveedores durante los tres primeros meses del año. Según dicha estadística, los municipios más endeudados con las empresas y autónomos que les prestan servicios o realizan obras son los de Vilagarcía y Vilanova, con una deuda de 2,1 y 2,7 millones de euros, respectivamente.
El Gobierno obliga ahora a las administraciones locales a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días, que empieza a contar desde el momento en el que nace la obligación legal de realizar dicho pago, lo cual se produce cuando la factura entra por registro y es validada por los servicios municipales de Intervención. El plazo máximo para proceder a este trámite administrativo es de 30 días, y en cuanto se realiza los concellos disponen de otros 30 para abonar el dinero a los proveedores.
Pero en O Salnés y Ullán son una minoría los que están cumpliendo con esta ley estatal. Uno de ellos es Vilagarcía, que entre enero y marzo pagó sus recibos en un periodo medio de 28,4 días. En la otra cara de la moneda se sitúan el Concello de Vilanova, que paga en un periodo medio de 238 días (unos ocho meses), o la Mancomunidade do Salnés, que paga por término medio en 128 días (unos cuatro meses).
Por municipios
De los datos que figuran en la página web del Ministerio de Hacienda se desprende que los cuatro únicos concellos de O Salnés y Ullán que cumplieron la ley de pago a proveedores fueron los de Vilagarcía, Meaño, Pontecesures y Sanxenxo. En el caso de Vilanova, el periodo medio declarado en el primer trimestre del ejercicio fue de 28,4 días en abonar las facturas, y una deuda total a 31 de marzo de 2,1 millones de euros.
En Sanxenxo, el periodo medio de abono de los recibos fue de 11,8 días, y disponen de una deuda pendiente de 273.000 euros.
La situación era aún mejor en Pontecesures y Meaño, donde pagaron las facturas antes incluso de que se agotase el plazo máximo para el reconocimiento administrativo de la factura pendiente. También son testimoniales las cuantías que estas dos localidades adeudan a las empresas que trabajan con ellas, pues ascienden a 18.400 euros en el caso de Meaño y a apenas 6.000 en Pontecesures. En el caso de esta última localidad se da la circunstancia de que este dato corresponde al anterior gobierno, y que el próximo, que está a punto de publicarse, ya será compartido con el actual ejecutivo, salido de la moción de censura de mayo.
Los datos son peores en el resto de los ayuntamientos, especialmente en el de Vilanova y en la Mancomunidade do Salnés.
Mientras, entre los que exceden el periodo, el peor dato de la comarca es el de Vilanova, con una deuda de más de 2,7 millones de euros, y un periodo medio de pago a proveedores de 238 días. En lo que respecta a la Mancomunidade, una agrupación formada por los nueve concellos de O Salnés, su deuda con las empresas y autónomos a 31 de marzo era de 509.000 euros, y su periodo medio de pago de las facturas ascendía a casi 130 días. También es significativo el caso de Meis, con un periodo medio de 80 días y una deuda de 716.000 euros, una de las más elevadas de la provincia para los concellos con una población que ronda los 5.000 habitantes.
Cambados y Valga
Durante el primer trimestre de este ejercicio también excedían ampliamente el periodo medio de pago Cambados y Valga, aunque al menos en el caso de la primera localidad han mejorado sensiblemente sus cifras entre marzo y junio, según los datos hechos públicos hace unos días por el concejal de Facenda, Xurxo Charlín. Así, Cambados cerró el primer trimestre de 2016 con un periodo medio de pago de 64,4 días y una deuda de 925.000 euros. En tres meses, no obstante, consiguieron rebajar el plazo de abono de los cargos en 19 días, situándolo en 45 al terminar la primera mitad del año, y la morosidad quedó establecida en algo más de 552.000 euros.
Valga, por su parte, pagaba a una media de 63,6 días desde la aprobación del gasto, y acumulaba más de 468.000 euros pendientes de abonar. Finalmente, O Grove pagó por término medio a 46,2 días, y acumulaba una deuda de 791.000 euros. Los concellos de Ribadumia, Catoira y A Illa no aparecen en esta relación.
Para muchas empresas y autónomos, los concellos son una de sus principales fuentes de subsistencia económica. El Gobierno central consideró que una manera de minimizar los efectos de la crisis económica sería obligar a las administraciones locales a pagar antes a sus proveedores de obras y servicios, para evitar de ese modo que las sociedades se quedasen sin liquidez y se viesen abocadas a la quiebra.
La medida fue contestada desde el primer momento por numerosos alcaldes, que recordaron que la crisis también le afecta a las administraciones locales y que para muchos concellos cumplir la ley de pago a proveedores significaría prescindir de los servicios básicos.
