Un juzgado anula la multa de un "foto-rojo" ya que no prueba comisión de la infracción

El sistema debe estar sometido a control metrológico - Nada demuestra que la matrícula que capta la cámara sea la del vehículo infractor ni que el conductor tuviese tiempo de frenar

09.07.2016 | 04:52
Operarios instalando un "foto-rojo" en un semáforo de Vilagarcía. // Iñaki Abella

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha anulado una multa impuesta por el Concello de Vilagarcía a un conductor aportando como prueba las imágenes de una de las cámaras "foto-rojo" con las que cuentan varios semáforos de la ciudad. La magistrada María Dolores López López apela en la sentencia al más elemental principio de la presunción de inocencia y alude a la "falta de garantías del sistema foto rojo" al respecto de la identificación de la identificación del vehículo, de la comisión de la infracción y también de que el conductor captado dispusiera verdaderamente de tiempo previo de reacción al accionado de la fase roja como para detener el vehículo de forma segura. El fallo declara no conforme a derecho la resolución de Alcaldía que desestimaba el recurso del demandante, defendido por la letrada María Rodríguez Cruz, y anula la sanción de 200 euros que le había impuesto, obligando al Concello a devolverle el dinero con intereses en el caso de que ya hubiera pagado la multa. Además, la administración vilagarciana debe dar cuenta a la Dirección General de Tráfico del resultado de la sentencia para que deje sin efecto la reducción de cuatro puntos que la sanción llevaba a aparejada. Por último, la condena impone al Ayuntamiento los costes del proceso judicial, no superando la cuantía de 400 euros. La denuncia por rebasar en rojo un semáforo de la calle Rosalía de Castro data de mayo de 2015.

Imágenes sin garantías

La titular del Juzgado de lo Contencioso pontevedrés entiende que el foto rojo debería estar sujeto a algún tipo de control metrológico, en tanto que dentro del sistema opera un aparato medidor como es el radar o detector de velocidad que tiene aparejado el semáforo y que este se utiliza para formular denuncias de tráfico. Así, "debería existir algún tipo de comprobación oficial" del sistema "previa a su instalación o posterior a sus revisiones periódicas, y no ser solo comprobado in situ por un agente de la autoridad que se limita a revisar los resultados del uso de este aparato en una determinada zona". Por otra parte, las fotografías de la cámara no gozan de suficiente garantía, añade la magistrada, pues no hay constancia de que hayan sido captadas por funcionario policial alguno y, además, se desconoce la duración de la fase ámbar del semáforo, lo cual impide saber si es suficiente para que el conductor se pueda detener en condiciones de seguridad. Y hay más, ni siquiera es posible calificar de hecho debidamente comprobado que la reproducción digital de la matrícula que figura en las imágenes se corresponde realmente con la del vehículo. El fallo califica de "cuanto menos curioso" que en otros radares esté claramente fijado el margen de error en unos arcos determinados y, en el caso de los foto rojos, el aparato medidor o detector de velocidad tenga "un único margen de error de 0,1 kilómetros por hora".

Los argumentos de la magistrada se detienen especialmente en analizar el tiempo con el que contó el conductor para frenar el vehículo entre la fase ámbar y la roja del semáforo sin comprometer su seguridad o la de los demás usuarios de la vía. Del visionado de las quince fotografías de las que consta el expediente no se puede deducir el tiempo del que dispuso el piloto, por lo que no existe "prueba contundente" de que tuviera suficiente margen de reacción como para evitar rebasar la fase semafórica roja. Si el Concello de Vilagarcía hubiese aportado fotogramas que captasen la fase ámbar se podría garantizar más el dato, explica la magistrada del Contencioso.

La notificación, en duda

Pero es que, además, "es posible incluso dudar de que la notificación de la denuncia fuese correcta". Según denunció el afectado, la Policía Local no le notificó en el mismo día de la extensión de la multa, lo que en opinión de la jueza no respeta la Ley de Tráfico. Esta obliga a la notificación inmediata de las sanciones, excepto que la detención del vehículo suponga un riesgo para la seguridad vial, que el conductor esté ausente o el coche estacionado, cuando la autoridad carezca de medios para iniciar una persecución o cuando los hechos se hayan conocido a través de medios de captación de imágenes que permitan la identificación del vehículo. Precisamente porque no se puede considerar que la reproducción de la matrícula a través del foto rojo tenga suficientes garantías, "también cabe dudar de que la notificación tardía de este tipo de denuncias" esté respaldada por la legislación.

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