El Concello también multa a la empresa del edificio en ruinas de O Castro por desobediencia al alcalde

Las obras autorizadas por el juzgado comenzarán en breve, cuando se apruebe el plan de seguridad

08.07.2016 | 02:49
Trabajos de limpieza en el interior del edificio en ruinas de la casa de O Castro. // Iñaki Abella

Los 61.000 euros que el Concello de Vilagarcía reclama por la vía de apremio y con advertencia de embargo a la empresa propietaria de la casa en ruinas de O Castro, Técnicas del Vidrio Transformado, no se limitan a incumplimientos tributarios, sino que también incluyen multas por desobedecer las órdenes del alcalde, en concreto por no atender a las exigencias de acometer obras en el inmueble para garantizar su estabilidad y la seguridad de quienes pasan por las inmediaciones. El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles el anuncio con la relación de deudas que la compañía mantiene con las arcas municipales, dándole un plazo de quince días para acudir al Consistorio a recoger las notificaciones y, avisándola de que, de no cumplir con sus obligaciones fiscales, procederá al embargo de bienes, liquidándose, además, los correspondientes intereses de demora. Además, de las multas por desobediencia, parte de los 61.000 euros de deuda se corresponden a tasas por ocupación de vía pública, ya que el estado en el que se encuentra la casa mantiene cerrado durante años un callejón que comunica la Plaza de O Castro con la avenida de la Marina.

Ante la negativa de la propiedad a acometer las pertinentes obras de estabilización del inmueble, el Concello redactó un proyecto valorado en 64.000 euros que ya fue adjudicado a la empresa Marconsa. Los costes de los trabajos se pasarán después a Técnicas del Vidrio Transformado. La judicialización del conflicto obligó al Ayuntamiento vilagarciano a notificar al juzgado de lo contencioso de Pontevedra su intención de acometer las obras, contando ya con su autorización. Estas comenzarán en breve, ya que únicamente falta por aprobar el plan de seguridad y salud, explican fuentes municipales.

La compañía vidriera solicitó ante los tribunales de lo contencioso administrativo medidas cautelares para posponer las obras hasta que hubiera una sentencia firme, petición que el juzgado denegó al entender que el interés general prevalece sobre el interés particular de la empresa, teniendo en cuenta el "peligro que comporta el estado actual" del edificio.

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