Polémica por la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias

Tensión en la plaza de Vilagarcía al expulsar la policía a 6 campesinas de sus puestos de venta

La obligación de darse de alta en el Reaga provoca que el 20% de las comerciantes dejen la actividad -"¿Por qué nos echáis? No vendemos droga", protestaron varias afectadas mientras las apremiaban a irse del mercado

03.07.2016 | 04:55
Un funcionario del Concello pasa revista a las vendedoras de verdura para saber si se inscribieron en el registro agrario. // Iñaki Abella

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía y responsables del mercado de abastos obligaron ayer a seis campesinas a dejar su puesto en la plaza por no haberse inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Xunta (Reaga), requisito imprescindible para poder ejercer la venta directa de productos agroalimentarios. La medida, que solo atañe a quienes venden excedentes de sus propias huertas, generó algunos momentos de tensión entre las afectadas, pero también cierta satisfacción entre las vendedoras autónomas o que ya habían regularizado su situación.

"¿Por qué nos echáis? No vendemos droga", protestaron un par de mujeres mientras las apremiaban a abandonar el edificio, cosa que al final hicieron al advertirles de que la Policía iba a proceder a su identificación con la consiguiente apertura de un expediente. Argumentaban que creían que el plazo para inscribirse en el Reaga era más laxo, pero "estaban suficientemente informadas" desde hace semanas de que el viernes era la fecha límite para presentar la documentación, comenta el funcionario responsable del mercado municipal, Jesús Crespo. Hasta seis mujeres tuvieron que irse del mercado, no así su mercancía. Porque más de una la dejó a cargo de compañeras que sí estaban autorizadas a vender para que intentasen darle salida en una jornada de mucha clientela por la celebración del mercadillo de los sábados. Crespo cifra en torno al 16 o 20% las vendedoras a las que desde ayer se les niega la posibilidad de trabajar en la plaza vilagarciana. Está en el aire la decisión de un grupo de campesinas que, debido al retraso de las cosechas por las constantes lluvias de la primavera, todavía no se incorporaron a la actividad de la plaza, desconociendo a día de hoy el Concello si realizaron ya los trámites para darse de alta en el registro de la Xunta.

Una normativa de 2014

La normativa de la Consellería de Medio Rural que regula la venta directa de productos agroalimentarios entró en vigor en septiembre de 2014, aunque en la comarca de O Salnés son muy pocos los ayuntamientos que la han aplicado. Anotarse en el Registro de Explotaciones Agrarias, darse de alta en la sección de explotaciones de venta directa, cumplir con las guías sanitarias del sector, apuntar en cada venta el nombre del producto, la cantidad, fecha y lugar de comercialización e identificar los alimentos a granel o envasados con sus características son algunos de los trámites impuestos por esta norma a quienes quieran vender sus productos en ferias locales o tiendas.

Afecta, fundamentalmente, a vendedoras jubiladas que, en días de mercado, buscan un complemento a sus pensiones con la venta de productos de sus propias huertas. Algunas ya habían confirmado a FARO hace semanas que esta exigencia les obligará a cesar la actividad porque "no compensa", ya que tendrán que declarar sus beneficios, pagar el IVA correspondiente y cumplir unas normas de facturación "propias de industrias o de grandes multinacionales", apunta Manuel Ángel Dopazo, del sindicato Unións Agrarias. Estarán forzadas, además, a tener un "libro de campo" en el que anotar toda la vida del producto, desde su adquisición para plantarlo hasta la venta directa final en plazas o feria, incluyendo datos sobre su cuidado, qué productos fitosanitarios se le aplican y en qué días. Este libro, que permite seguir la trazabilidad del producto, pueden exigírselo en cualquier momento. Todo esto en aras de garantizar la seguridad alimentaria. Dopazo teme que, de hacerse extensiva la aplicación de esta normativa a toda la comarca, se produzca "un abandono masivo" de la actividad por parte de muchas vendedoras, comenta Dopazo. El funcionario Jesús Crespo, en cambio, ve necesario este tipo de control para evitar el "libre albedrío" en la comercialización de productos agroalimentarios.

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