Jesús Crespo, que incide en que esta es una normativa de la Consellería de Medio Rural, apunta que su objetivo es establecer garantías "higiénico sanitarias" en la venta directa de productos primarios de forma que, de producirse problemas de tipo sanitario, pueda saberse "de dónde viene". Además, "la regulación evita que la gente venda a libre albedrío" y sin ningún tipo de control. Aunque en muchos no se aplique de forma efectiva esta norma, "la Xunta la envió a todos los ayuntamientos", comenta el funcionario responsable de la plaza de abastos de Vilagarcía.
Opinión contraria es la que ofrece Manuel Ángel Dopazo, de Unións Agrarias, que teme que la obligación de inscribirse en el Registro de Explotaciones Agrarias "se haga extensiva a toda la comarca, lo que supondría un abandono masivo" que cifra entorno al 50 o 60% de las verduleras que actualmente están en activo. "Es una forma de obligar a muchas vendedoras a abandonar", fundamentalmente a quienes la comercialización de productos hortícolas "les supone muy poco beneficio, siendo solo un complemento para sus economías". Tanto requisito burocrático, continúa, "es una traba más que hará que a estas señoras no les sea rentable la actividad". Desde el punto de vista de Dopazo, "no se pueden aplicar normativas tan duras y de difícil cumplimiento", tratando "como industriales a señoras que plantan cuatro lechugas". En este sentido, el sindicalista acusa a la Xunta de "legislar para grandes multinacionales", de forma que "acabaremos comiendo lechugas que se recogieron hace un mes en Holanda en lugar de productos frescos".
