Pese a estar sometido a un plan de saneamiento por parte del Ministerio de Hacienda, el Concello de Vilanova de Arousa continúa con sus problemas de liquidez y con la deuda en límites muy peligrosos para la salud económica de las arcas municipales. El último informe de Intervención, correspondiente al primer trimestre del año, señala que, aunque se cumple con el objetivo de la estabilidad presupuestaria, en Vilanova se falla de forma estrepitosa con el objetivo de la regla de gasto, con el límite de la deuda y que se está excediendo en período medio de pago. En este último aspecto, el Concello excede con mucho el límite fijado por el Ministerio de Hacienda, que está fijado en 30 días para hacer frente a los pagos a proveedores. Sin embargo, en Vilanova, el período medio del pago de las facturas es de 238 días.

De continuar en ese camino, cada vez será más complicado cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, que en estos momentos da una capacidad de financiación de tan solo 16.519 euros. El incumplimiento del límite de deuda obliga a la realización de un plan de reducción de la misma, con el fin de que el nivel de endeudamiento se sitúe por debajo del 110% a cumplir en cinco años. En estos momentos, la deuda viva supone el 138,50% de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

Los cálculos de Intervención señalan que el total de la deuda viva del Concello asciende a 8.250.018 euros y su volumen está por encima del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto por la ley, por lo que sería preceptiva la autorización del órgano de tutela, en este caso el Ministerio de Hacienda, para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2016.

El informe de Intervención también analiza una serie de medidas de obligado cumplimiento para el Concello, al encontrarse sometido al plan de saneamiento, varias de las cuales, o no se están aplicando o no tendrán ningún tipo de influencia en las arcas municipales hasta que finalice el segundo semestre de 2016.

Entre las medidas que no se están cumpliendo se encuentra la de limitar el gasto corriente. En este aspecto, el informe se refiere a la finalización del contrato de los vestuarios de O Terrón, alquiler de locales o reducción del gasto en alumbrado público con apagones localizados; esas medidas deberían aplicarse a partir de 2012. Ninguna de estas tres medidas, señala el informe, ha sido aplicada, apreciándose "una importante desviación del calendario de ejecución en el plan de ajuste". Las medidas de ahorro si se aplicaron en gastos relativos al personal, con la eliminación de las gratificaciones y las horas extraordinarias, aunque en el informe señala que "se observa el pago de alguna productividad".