La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condenar al cambadés Salvador Ribadomar Padín, al carrilexo Guillermo Fernández Sánchez, apodado "O Coxo", y al valgués pero residente en A Estrada Ramón García Alonso a pagar multas millonarias por delitos contra la salud pública a raíz de su participación en el transporte de 5,6 toneladas de hachís desde África hasta Galicia a comienzos del año 2008, en connivencia con una organización internacional con ramas en Portugal y Marruecos. Ribadomar fue hace años concejal en Cambados, también sindicalista de la CIG y, en los últimos tiempos, presidente del colectivo de mariscadores Lazareto de Carril, donde tiene fijada su residencia hace tiempo. "O Coxo", mariscador a flote, llegó a formar parte de la directiva de la Cofradía de Carril y ya fue detenido en más ocasiones por asuntos relacionados con el tráfico de drogas.

Los tres acusados se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía sin necesidad de que se celebrase el juicio. Estas oscilan entre quince y veinte meses de prisión, que ya cumplieron en buena parte desde que fueron detenidos y hasta que quedaron en libertad provisional en el año 2009. A todos se les aplicó la atenuante de dilaciones indebidas ya que el Juzgado de Cambados que instruyó la causa la mantuvo paralizada durante varios períodos. La condena principal es económica. A los tres la Audiencia les impone una multa de más de seis millones a cada uno.

Según recoge la sentencia, formaban parte de una organización delictiva de proyección internacional para introducir en la península, por vía marítima, ingentes cargamentos de hachís, una sustancia que era transportada desde África. En embarcaciones pesqueras de las que disponía el sector portugués, el hachís era llevado hasta el sur del país luso donde lo escondían en parajes solitarios para, posteriormente, trasladarlo a Galicia por carretera. Salvador Ribadomar y Guillermo Fernández eran "los máximos corresponsables de la organización delictiva en España" y los que planificaban, coordinaban, dirigían y repartían los roles. Ramón García tenía atribuida la función de buscar dinero para pagar "la gravosa infraestructura de la organización" y realizar labores de contra-vigilancia a los dos cabecillas en sus viajes a Portugal.

En enero de 2008 pusieron en marcha una operación para introducir en la Península Ibérica 5,6 toneladas de hachís, tasadas en más de ocho millones de euros. Un barco de la organización las recogió a 27 millas náuticas del puerto marroquí de Larache y llevó la droga hasta la costa sur de Portugal y, de allí, la trasladaron a una edificación semiconstruída en la localidad de Azoia, al sur de Lisboa. Días después, la mitad del cargamento, en concreto 85 fardos, puso rumbo a Galicia por carretera. De camino, la policía judicial francesa detuvo a J.G.C. de Redondela y C.A.C.C. de Pontevedra, que conducían el vehículo con la droga y un coche lanzadera y que ya fueron condenados en Portugal por estos mismos hechos. Se desencadenó así la operación, en la que participó también la Guardia Civil y que se saldó con casi una veintena de detenidos, sin que otros muchos narcotraficantes pudieran ser identificados.