La sentencia que absuelve al expatrón de la Cofradía de Cambados, Benito González, y al astilllero que construyó el buque Tragove va a ser recurrida por la acusación que califica de "sorprendente" el fallo emitido por el tribunal de la Audiencia de Pontevedra.

El letrado que ejerció la acusación particular, Alberto Muñoz anuncia que apelará al Supremo en casación al entender que muchas de las pruebas han sido obviadas en la resolución del caso, especialmente las periciales.

Muñoz expone que durante el juicio se hizo hincapié en la sobrevaloración del barco, con informes realizados por expertos como un ingeniero naval de la propia Xunta de Galicia que ha realizado "miles de expedientes en sus 40 años de profesión".

A su juicio, al obviar esta pericial se está "desacreditando al perito de la Xunta", pero también a los otros técnicos que han subrayado el precio excesivo de 329.000 euros que costó la construcción del barco.

Esta embarcación auxiliar fue contratada por la Cofradía con cargo a fondos europeos a un astillero de la localidad. Asegura la acusación particular que el precio fijado es excesivo, casi el doble de lo que costaría en el mercado.

De hecho, uno de los informes presentados ante el tribunal expone que la tasación del barco podría ascender a 161.000 euros, una cantidad que el perito judicial elevó hasta los 230.000, aproximadamente.

De ahí que el letrado ponga especial énfasis en el hecho de que el tribunal de la Audiencia de Pontevedra no haga mención a estas dos valoraciones y estime como adecuados los 329.000 euros de la factura.

Cabe recordar que el propio fiscal, en su escrito de conclusiones, expresó su opinión de que el coste del barco era excesivo, si bien no acusó porque en el momento en que se realizó el contrato se establecían cuantías muy elevadas, de más de 60.000 euros, para entender que había un supuesto fraude de subvenciones europeas, a diferencia de lo que ocurre con la normativa actual, mucho más ponderada.

Pero a la vez, el colectivo que dirigió la acusación, una decena de socios de la cofradía, se muestra muy descontenta con una sentencia en la que se critica que su comportamiento al denunciar a González ha sido "temerario", por lo que los condena a pagar las costas del procedimiento.

Asimismo temen que la Cofradía tenga que hacer frente a más de 100.000 euros que tuvo que anticipar la Xunta, por lo que el ente quedaría en situación crítica.