Un empresario arousano se enfrenta a seis años de cárcel porque supuestamente vendió su nave industrial pese a que la tenía embargada por la Seguridad Social. El procesado responde a las iniciales de E.D.S., y será juzgado a partir de las 10 horas del martes próximo en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra.
E.D.S. era el administrador de una empresa de maderas radicada en el polígono industrial de Cabanelas (Ribadumia) que supuestamente se vio muy afectada por la crisis económica -como muchas otras auxiliares del sector de la construcción-, hasta el extremo de que tuvo que acogerse a un proceso de suspensión de pagos. La empresa contrajo una importante deuda con la Seguridad Social, y el fiscal considera que E.D.S. decidió vender la empresa para evitar el pago de dicha deuda y sortear el embargo.
Así, vendió a un familiar suyo la firma hizo en mayo cinco años, elevando el acuerdo a escritura pública en junio de 2013.
En el escrito de acusación del representante del Ministerio Público se indica que "el acusado, actuando en nombre de su empresa, solicitó a la Seguridad Social el aplazamiento del pago de las deudas, aprobándose un plan de pagos entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013".
No obstante, añade el fiscal, el empresario dejó de pagar, con lo que el aplazamiento convenido quedó sin efecto en mayo de 2011. Así las cosas, la Seguridad Social ordenó el embargo de la nave, que se le comunicó al afectado el 1 de junio de ese mismo año. "El 8 de junio se emitió mandamiento de anotación de embargo para responder a la cuantía de 19.000 euros".
La Seguridad Social remitió dicha anotación al Registro de la Propiedad de Cambados, pero el registro la denegó, puesto que para entonces la finca ya estaba a nombre de otra persona, el familiar al que E.D.S. le había vendido la nave por un precio de 305.000 euros, IVA aparte.
El fiscal añade que en junio de 2012 la deuda de E.D.S. con la seguridad Social ascendía a 106.400 euros, y le considera autor de un delito de alzamiento de bienes, por el que le pide una pena de seis años de cárcel y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros. También reclama que indemnice al Estado.
