O Grove se aferra a un informe jurídico que avala la legalidad del edificio administrativo

El gobierno socialista se siente respaldado y pide a la APLU que revise su decisión de derribar el inmueble de la calle Xacobe Barral

20.05.2016 | 04:55
El alcalde, José Cacabelos, ante el edificio administrativo. // Muñiz

Un informe jurídico firmado por Jiménez de Cisneros Abogados avala la legalidad del edificio administrativo de la calle Xacobe Barral, en O Grove. El gobierno del socialista José Antonio Cacabelos Rico, que fue el encargado de construirlo y al que ahora toca defenderlo frente a la orden de demolición dictada por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) se aferra a dicho informe para reclamar el "indulto" del inmueble.

A expensas de la reclamación judicial presentada, Cacabelos esgrime que dicho dictamen, "elaborado por un catedrático de Derecho Administrativo, avala nuestra tesis de que el edificio es legal, y así se lo hemos trasladado ya a la APLU para argumentar la legalidad que siempre hemos defendido, e incluso aportamos licencia de los edificios de al lado que desarrollaron el suelo mucho antes del famoso 'decreto Cuiña', lo cual quiere decir que el suelo en el que se levantó el edificio administrativo ya estaba desarrollado y urbanizado".

Consecuencias desastrosas

Una de las claves que se manejan en ese informe es el "principio de lealtad constitucional", manifestándose que "las consecuencias presupuestarias que pudieran derivar de una posible demolición serían desastrosas" para el Concello, "y más cuando el edificio es el centro neurálgico de la actividad administrativa de servicio al ciudadano, ya que alberga los diferentes departamentos que dan cumplimiento a los servicios mínimos y competencias propias que debe prestar cualquier Administración local".

En este sentido, aplicar el "Decreto Cuiña" de una manera "tan drástica" es algo que "entra en conflicto con la concepción legal y jurisprudencial del Suelo Urbano Consolidado".

También se dice que "es notorio y conocido el largo camino del expediente de infracción urbanística desarrollado por la APLU y que culmina con la resolución de demolición del edificio" a pesar de que "presta servicios a los ciudadanos y ha mejorado la eficacia y eficiencia permitiendo una apertura y acceso a la Administración que es la garante de la prestación de servicios públicos".

Derribarlo "no restablecería el supuesto orden urbanístico infringido, ya que estamos ante un ámbito desarrollado conforme las pautas y normativa en vigor y totalmente consolidado por la edificación". En todo caso, proceder al derribo "sería contrario a los principios de intervención mínima y proporcionalidad no reparándose el supuesto daño causado porque no existe tal daño, a la vista de la ordenación territorial del área afectada".

En definitiva, que se cree que la APLU se equivoca mandando tirar un inmueble que, insiste el informe jurídico, se ajusta al "carácter urbano consolidado del suelo, con la consiguiente patrimonialización del derecho y deber a edificar".

Lo cierto es que se insiste mucho en el carácter consolidado del ámbito de actuación y se recalca que el terreno ocupado era un solar, "porque no solo es una unidad ya urbanizada y con certificados finales de obra y recepción, sino que también es evidente su carácter total y absolutamente urbano, ubicado en el núcleo del municipio y rodeado de edificios con licencias legales, supermercados y otros negocios".

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