El Concello de Vilagarcía no se manifestó ayer sobre la posibilidad de emprender acciones legales para identificar al hacker que atacó el sistema informático municipal y castigarlo conforme a la ley. El Código Penal castiga con penas de prisión de entre seis meses y dos años a toda aquella persona que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. El abogado vilagarciano José Martínez Redondo, con experiencia en gabinetes jurídicos municipales, explica que "hay un montón de jurisprudencia" en relación a ataques informáticos. "Puede ser un delito de intromisión en datos de carácter reservado. Lo que resulta determinante en casos como este es saber si el hacker únicamente entró en el sistema informático burlando la seguridad del Concello o si, además, ha hecho algo como acceder a información amparada por la Ley de Protección de Datos o borrar parte de una contabilidad, con todos los problemas que esto conlleva ahora que los ayuntamientos tienen que presentar cada trimestre ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mucha información referida a presupuestos y gastos. Si hubiera tocado ahí, además de la propia comisión del delito habría que hablar también de la responsabilidad derivada del delito".
En lo que respecta al ánimo de lucro, la exigir el pirata informático una cantidad de dinero para desencriptar los documentos afectados, Martínez Redondo considera que podría considerarse "una extorsión". Por una parte "estaría el hackeo en sí, saltarse la seguridad y acceder a unos datos privados, aunque sean de carácter público, y otra la extorsión. Hablaríamos en este caso de un secuestro con rescate en el que, en lugar de secuestrar a una persona, se hace con datos".
