El presidente de la asociación gallega de ambulantes y autónomos, Francisco Romero Alvite, ha expresado su decepción por la respuesta recibida del Concello de Vilagarcía, después de ocho meses de espera, en la que reconoce que existe un informe de la Policía Local, pero deniega el acceso al mismo y tampoco responde a las preguntas del colectivo.
"Después de ocho meses de espera iba siendo hora de que pudiésemos disponer de la información solicitada formalmente, insistiendo en que se trata de datos imprescindibles para ejercer el derecho de defensa del sector del comercio ambulante gallego. Pero la decepción fue tan grande al comprobar que por parte del Concello se intenta continuar negando la información que creemos que debe ser pública", expuso Romero Alvite.
El presidente de los vendedores ambulantes pretende conocer cuantos puestos se instalan en Vilagarcía utilizando la vía pública y cuantos de ellos exhiben públicamente, durante todo el tiempo de la venta, la obligatoria autorización municipal.
Romero Alvite recuerda al gobierno municipal vilagarciano que es de obligado cumplimiento la Ley 13/2010 de comercio interior de Galicia. También indica que uno de sus artículos establece que la instalación de un puesto careciendo de la obligatoria autorización municipal se tipifica como grave, y es sancionable con una multa de 1.501 a 50.000 euros. Como infracción leve se tipifica ocultar la autorización municipal y no exponerla públicamente durante el mercadillo.
