El enfarragoso procedimiento administrativo y judicial seguido contra el hotel Terramar de O Grove, desalojado el pasado sábado por la Policía Local, deja al descubierto que algunas de las habitaciones están siendo utilizadas por los propietarios del negocio y otros familiares, a modo de vivienda.
Esta circunstancia dificultó la adopción de medidas correctoras durante el procedimiento seguido desde 2011, y que como se explicó ayer incluyó numerosas órdenes de precinto del inmueble.
En el procedimiento seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra la letrada del Concello indicó que el precinto y cese de la actividad se había llevado a cabo en "términos razonables" teniendo en cuenta "que en el mismo inmueble existen habitaciones que constituyen el domicilio particular de los titulares del establecimiento, así como de algunos de sus familiares".
Por si fuera poco, a la hora de actuar contra el hotel el Concello tuvo que tener en cuenta que en el mismo "se viene ejerciendo una actividad no clandestina, dotada de licencia -la de cafetería-, lo cual dificultó seriamente el corte de los suministros (de electricidad y agua) intentados en su día debido a los problemas técnicos advertidos por las compañías suministradoras a la hora de diferenciar entre el consumo asociado al domicilio y la actividad legal y el asociado a las clandestinas (de hotel y restaurante)".
