El hotel Terramar, situado en la Carretera do Conde, a la altura del barrio grovense de Virxe das Mareas, está considerado ilegal desde hace un lustro y sujeto a un expediente de reposición de la legalidad urbanística por el que debe derribarse toda la planta alta. Además fue precintado en repetidas ocasiones, tanto por el anterior gobierno como por el actual, aunque los propietarios se empeñaran en seguir adelante, de ahí que el Concello solicitara una orden judicial de desalojo y actuara en consecuencia.

De este modo se explica lo sucedido en la noche del sábado en el citado negocio, denunciado por un vecino y, como queda dicho, condenado por los tribunales.

La propietaria, María Teresa Rodríguez, se escuda en que este hotel de dos estrellas con 32 habitaciones y capacidad para 78 plazas tiene licencia municipal hasta 2011, a lo que añade que la renovó pero que desde entonces no le contestaron en el Ayuntamiento.

Lo que sucede es que existe una ilegalidad urbanística que data precisamente de 2011 y obliga al cierre del negocio. Incluso lo reconoce la propietaria cuando dice estar dispuesta a seguir trabajando en la parte del hotel que sí sería legal, a lo que añade que "después de haber gastado 250.000 euros en esa ampliación ahora no tengo dinero para tirar nada".

La propia María Teresa Rodríguez señala que el edificio "tenía bajocubierta y nosotros, para instalar el ascensor, tuvimos que aumentar 80 centímetros, y dado que nos quedó un poco más alto aproveché para hacer esta ampliación con licencia para tejado, pues no me dieron la licencia de obra mayor porque tenía las denuncias de un vecino que no nos deja hacer nada y no quiere que los demás trabajemos y mejoremos".

Para que el lector entienda mejor lo sucedido, a continuación se resumen los momentos más destacados de este episodio según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, dictada el pasado 15 de abril, en la que se condena al Concello a ejecutar el cese de actividad del hotel Terramar que se había decretado en julio de 2011:

| 7 de abril de 2011. Un vecino residente al lado del hotel denuncia en el Concello dicha actividad hotelera "sin haber obtenido licencia para tal fin". El Concello inicia expediente de restitución de la legalidad urbanística.

| 7 de julio de 2011. El gobierno ordena al titular de la explotación hotelera "el cese de las actividades desarrolladas en ella sin licencia".

| Agosto 2011-agosto 2015. Durante este periodo los denunciantes del hotel presentaron numerosos escritos en el Concello exigiendo la adopción de medidas para asegurar la ejecución de la orden de cese de actividad. Querían que se precintara el negocio, pero también que le cortaran el suministro de agua, luz y teléfono.

| 28 de enero de 2013. El Juzgado de lo Contencioso número 2 rechaza un recurso presentado por Terramar S.L. contra las órdenes de precinto del establecimiento.

| 8 de febrero de 2013. Aunque ya se habían practicado otros anteriores para evitar las actividades "que se venían manteniendo sin licencia", la Alcaldía ordena nuevos precintos "de forma que se permita la actividad de café bar, pero no las de hostelería y restauración".

| 14 de febrero de 2013. La Policía Local coloca precintos en la puerta principal del hotel, advirtiendo de que quebrantarlos puede ser constitutivo de un delito de desobediencia. Ese mismo día, en solo cuestión de minutos, un agente observa cómo los precintos son inmediatamente arrancados.

| Mayo a julio de 2013. En este período se emiten un buen número de informes y/o partes de incidencias de la Policía Local en los que se constata que el Terramar "sigue desarrollando actividades de restauración y hotel a pesar de la orden de precinto". En esa misma época el denunciante solicita nuevas paralizaciones de actividad y el entonces alcalde, Miguel Pérez (PP), ordena a la Policía Local que acuda al negocio para precintarlo otra vez, siendo esto comunicado a su propietaria, que se niega a colocar el precinto en la puerta.

| 15 de noviembre de 2013. La policía vuelve a comprobar que el hotel sigue abierto. La propiedad indica que tiene una excursión, aunque sus integrantes no están en ese momento en el edificio, en cuyo restaurante come una pareja.

| 19 de noviembre de 2013. Los agentes emiten informe que confirma la actividad y hablan de doce personas en la cafetería del hotel y de dos viendo la televisión.

| 18 de diciembre de 2013. El alcalde ordena que se corte el suministro de agua al inmueble únicamente para las actividades de hotel y restaurante, dejando el suministro para la actividad de café bar. No puede ejecutarse, pues la finca tiene una sola toma de agua.

| 13 de febrero de 2014. Un agente de policía informa de que hay un autobús estacionado frente al hotel y de que dentro del local hay una quincena de personas en la cafetería. Días después confirma las sospechas, ya que hay un grupo de personas almorzando en el restaurante, siendo atendidas por el marido de la propietaria. Éste explica al policía que tiene 41 clientes y que tiene "que vivir de algo".

| 25 de febrero de 2014. Siguen llegando turistas al hotel y el alcalde ordena mantener la medida cautelar de precinto, así como instar a la compañía de electricidad para que limite la potencia del local.

| 4 de agosto de 2014. El alcalde ordena colocar precintos en el interior del hotel para impedir el acceso a sus habitaciones. Esta decisión se produciría en otras ocasiones posteriores.

| 24 de octubre de 2014. El alcalde solicita autorización judicial para la entrada al establecimiento.

| 13 de julio de 2015. La Policía Local entrega un atestado en el Juzgado de Cambados por la presunta comisión de un delito de desobediencia por parte de los titulares del hotel, una vez comprobado un nuevo quebranto del precinto.

| 17 de julio de 2015. La Alcaldía, ya ocupada por el socialista José Antonio Cacabelos, ordena a la policía que en caso de detectar que se desarrollan actividades de hostelería y restauración solicite autorización de la propiedad para entrar y desalojar a los clientes. "Si no se permite voluntariamente la policía debe levantar acta para solicitar autorización judicial", decía.

| 1 de agosto de 2015. Los agentes piden permiso a los titulares del hotel para entrar y desalojar, pero no se les concede.

| 3 de noviembre de 2015. El juzgado concede autorización para entrar a desalojar posibles clientes, a petición del Concello.

| 15 de abril de 2016. El Juzgado de lo Contencioso estima el recurso presentado por el vecino que denunció al hotel y condena al Ayuntamiento a ejecutar de forma definitiva el cese de actividad acordado en julio de 2011 "haciendo uso de todas sus potestades ejecutivas, incluida la que se confirmó el 3 de noviembre de 2015 sobre autorización de entrada, asumiendo la oportunidad de practicar el desalojo de los clientes alojados en el hotel o que estuvieran recibiendo la prestación de servicios de restauración de dicho establecimiento".

| 23 de abril de 2016. La Policía Local de O Grove interviene y desaloja el hotel en cumplimiento de la sentencia judicial.