La defensa de los intereses de los comuneros de Cea es uno de los objetivos de la directiva que preside Julián Abuín, que presentó a la asamblea el informe del ingeniero sobre el estudio de las parcelas comunales y de unos particulares en la zona donde se pretende la construcción de una planta de reciclaje de conchas marinas procedentes de la conserva. Los comuneros entienden que esta instalación puede invadir parte de su terreno. De hecho, ya habían reclamado a un propietario por talar árboles comunales.
La directiva planteó en la asamblea que intentará primero la vía del diálogo con los propietarios de las parcelas en cuestión. De momento, desconoce si fueron vendidas a la empresa Reciclaje e Innovaciones Marinas SL, que es la promotora de la planta de reciclaje que hace unos meses consiguió autorización medioambiental para la ejecución del proyecto.
Según los documentos que obran en poder de los comuneros, la finca particular en la zona de Pinar de Centeira fue originariamente una sola, pero se dividió por una herencia, y al hacerse las divisiones llegaron a invadir terreno de titularidad comunal.
Julián Abuín abogó por una solución negociada entre las partes para aclarar la titularidad de los terrenos, los lindes de las parcelas, al tiempo que se aclarará a los propietarios que el camino que pasa junto a las fincas es comunal, y por lo tanto no es público municipal como se ha hecho aparecer en algún documento relacionado con el expediente medioambiental para la planta de reciclaje.
El Concello de Vilagarcía aún no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, debido a que el proyecto aún no había presentado hace un mes aún no se había presentado. Sin embargo, fuentes municipales puntualizaron que para lograr licencia municipal, esta planta de reciclaje tiene que tener acceso público.
Reclamación a Engasa
Otro de los asuntos relacionados con los terrenos comunales es el que afecta al convenio firmado con la empresa Engasa, titular de la explotación de los aerogeneradores que están en el monte de Xiabre.
Engasa firmó un primer convenio con los comuneros de la parroquia de Cea para la instalación de un primer parque eólico en sus terrenos y posteriormente suscribió otra ampliación con condiciones similares de explotación.
Sin embargo, por razones que los comuneros desconocen, uno de los terrenos afectados por la nueva instalación de aerogeneradores no fue utilizado por la empresa. La situación es ajena a los propietarios de los terrenos quienes han decidido reclamar a Engasa el pago por la cesión temporal de ese terreno, tal como figura en el convenio firmado. Añaden que, en el caso de la empresa no lo utilice deberá desafectarlo para que pueda ser utilizado por la comunidad de montes.
Según la asesoría legal de este colectivo, mientras Engasa mantenga la vigencia del convenio, le podrán exigir el pago del canon establecido en el convenio. Actualmente la comunidad de montes de Cea recibe unos 37.000 euros anuales por los terrenos que ocupa el parque eólico.
En materia legal, los comuneros expresaron en la asamblea del domingo su preocupación por la lentitud del proceso burocrático en relación con la reclamación del dinero al extesorero, José Luis García Villar, tras descubrirse un agujero en las cuentas de casi cuatrocientos mil euros en 2014. La comunidad de montes formaliza una querella contra García Villar. El caso es que el presidente de los comuneros ya fue a declarar dos veces al Juzgado pero, según explicaron, por parte del denunciado se están dilatando las comparecencias.
Proyecto por 100.000 euros
En la asamblea del domingo, la directiva presentó a los comuneros dos nuevas líneas de actuación para mejorar el rendimiento de sus montes y prevenir los incendios forestales. Ambas suman unos 100.000 euros de costes para los que se está tramitando la correspondiente subvención de la Administración autonómica.
El proyecto silvícola abarca unas 37 hectáreas y plantea la ordenación de una parte de los montes para conseguir una mejor explotación. Esta iniciativa fue encargada a una ingeniería, en tanto que otra de la competencia se hará cargo del proyecto de prevención de incendios forestales que abarcará unas 30 hectáreas comunales.
