El Concello de Vilagarcía tiene ya vía libre para sacar a contratación las obras de apeo, estabilización de fachadas, consolidación de la cubierta y limpieza de la casa en ruinas de la Praza do Castro, con cargo a la propiedad, al fallar a favor de la tesis municipal el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra.

La titular de este Juzgado, Amalia Bolaño Piñeiro, desestimó las medidas cautelares que pedía el actual propietario del inmueble, la empresa Técnicas del Vidrio Transformado SL.

Ante la exigencia del Concello de Vilagarcía de que las obras de estabilización y consolidación del edificio debían comenzar antes del 8 de enero de este año, la empresa decidió presentar un contencioso administrativo y, paralelamente a este, solicitó a la juez la suspensión del acuerdo municipal mientras no hubiese sentencia firme. Estas medidas cautelares fueron desestimadas.

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo indica que "realizando una ponderación entre el interés particular de la parte recurrente y el interés general, prevalece este, pues como refiere la resolución recurrida, las obras se exigen a la mercantil con base en un proyecto de los técnicos municipales debido al peligro que comporta su estado actual. La propia parte recurrente manifiesta en su escrito de alegaciones que si bien en la actualidad el edificio se encuentra en estado ruinoso, mantiene los muros perimetrales de piedra".

El alcalde, Alberto Varela, al conocer la desestimación de las medidas cautelares, considera que no debe demorar más la adopción de las actuaciones necesarias que eviten el peligro que supone el deficiente estado de esa casa para su entorno.

El regidor municipal recuerda que tuvo que cortarse una calle que comunica la avenida da Mariña con la Praza do Castro para apuntalar una de las fachadas, ante el inminente peligro de derrumbe. Esta es la zona de mayor peligro, pero tampoco están en buen estado las otras fachadas que dan a la plaza, siendo una zona de tránsito peatonal, y a la avenida da Mariña, así como otra lateral que está próxima a un establecimiento hostelero.

Ante esta situación el gobierno municipal decide ejecutar las obras previstas con cargo a la propiedad. El proyecto redactado por los servicios municipales cuenta con autorización de Patrimonio y valora las actuaciones en 65.000 euros. Esta cantidad se sumará a los más de 60.000 euros que la propiedad acumula como deuda por las sanciones impuestas y por la ocupación de la vía pública.

De esta decisión de contratar las obras con cargo a la empresa propietaria y del auto judicial, así como del estado general del expediente, dará cuenta el alcalde en la próxima sesión del Consello da Xerencia de Urbanismo, donde están representados todos los grupos de la corporación municipal.