El Tribunal Supremo también ha rechazado el recurso de casación interpuesto por los vecinos de As Sinas contra la aplicación del Plan de Ordenación do Litoral (POL), un documento en el se fijan los usos y la catalogación del suelo en las zonas más próximas al mar. La sentencia coincide con la resolución, emitida hace tan solo unas semanas, en la que el mismo tribunal rechazaba otro recurso de casación interpuesto por el Concello de A Illa contra el POL.

Los argumentos de rechazo son muy similares a los dictaminados en la sentencia de A Illa. Para el alto tribunal no existe injerencia de ningún tipo del Plan de Ordenación do Litoral en las competencias municipales. El Supremo hace suyas las teorías del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para rechazar esta afirmación ya que "no se vulnera dicho principio, pues el ayuntamiento puede participar en la elaboración de aquellos planes que afectan a sus intereses, y en este caso, se ha producido". Además, también se rechaza el argumento de los vecinos de que "As Sinas reúne los requisitos exigidos para su clasificación como urbana, unas circunstancias que no se reflejan en el PXOM vigente desde 1997".

Una de las cuestiones en las que se basaba el recurso de casación de los vecinos de Vilanova eras que la sentencia del TSXG adolecía de falta de motivación y contenía razonamientos jurídicos contradictorios, con lo que estaría incursa en incoherencia o incongruencia interna. Para el Supremo, la sentencia recurrida "no es incongruente ni adolece de falta de motivación sino que ofrece suficiente respuesta a la confusión en la que incurre la coordinadora respecto al POL". Es más, en el fallo se explica que "los lugares en cuestión no constituyen un entorno urbano altamente transformado, además de que el POL no tiene como finalidad clasificar el suelo".

El recurso ante el Supremo era la última alternativa que les quedaba a los vecinos de As Sinas para evitar la aplicación del POL sobre un entorno en el que se encuentran más de un centenar de viviendas, además de una serie de terrenos que no se pueden desarrollar urbanísticamente al encontrarse afectados por esta normativa de la Xunta, y sobre todo, por la Ley de Costas. Pese a ser el último recurso que les quedaba en la vía judicial, al igual que A Illa, están trabajando ya en la búsqueda de fórmulas que limiten el "impacto" que puede provocar en la zona la aplicación del Plan de Ordenación do Litoral.