El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, insistió ayer ante el juez de Cambados en su tesis de que no existe sobreprecio alguno en el contrato de los dos bajos comerciales que él y su esposa le tienen alquilados en Navia (Vigo) a la panadería del exdiputado provincial del Partido Popular Severino Reguera.
Louzán avala su argumentación en informes de inmobiliarias y de la tasadora Tinsa, incorporados a la presente causa, según los cuales los precios de mercado de un alquiler en esa zona de Vigo eran en 2008 de entre 14 y 18 euros el metro cuadrado, que sería la cifra en la que se mueve el arrendamiento de Louzán y su mujer a Reguera, aunque el primero prefirió no hacer pública la cifra exacta.
Louzán llegó minutos antes de las cuatro de la tarde a los juzgados de Cambados, acompañado de su abogado. No obstante, antes que él declaró su mujer, María Teresa C.F., que está siendo investigada en la presente causa al igual que Louzán y Reguera. Tras su declaración, que duró aproximadamente dos horas, el aún presidente del PP de Pontevedra compareció ante el juez por espacio aproximado de otras dos horas.
Al término de la vista, Rafael Louzán declaró ante la prensa que "estoy contento y satisfecho de poder aclarar con documentos las preguntas de interés del instructor", y volvió a plantear que según él el contrato de alquiler "es un proceso claro y transparente", que está perfectamente documentado.
Louzán considera que el contrato es una "actividad privada perfectamente reglada", y que se trata de "la única actividad comercial que tengo". Aduce también que existen informes y declaraciones incorporadas a la causa, elaborados por una tasadora y por agencias inmobiliarias, que avalarían según él los precios de su alquiler a Reguera, y que no puede existir cohecho -el delito por el que están siendo investigados los tres- "porque no hay dádivas de ningún tipo entre las partes".
El político ribadumiense coincide con Severino Reguera a la hora de realizar una lectura política de la denuncia que está en el origen de la presente causa, y que llegó a manos de la Fiscalía de Pontevedra a finales de 2013. "No podemos olvidar que esto empieza por una denuncia anónima, y parece que el único objetivo es el de dañar la imagen de unas personas".
La investigación que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados es por un presunto delito de cohecho. Los hechos se remontan a 2008, cuando Louzán y María Teresa C.F. le alquilaron a Reguera dos bajos colindantes con otros tres que tenía el exdiputado y concejal de Pazos de Borbén. En ellos, Reguera puso en marcha una panadería-cafetería que pasa por ser uno de los establecimientos que más factura de toda la cadena, tal y como afirmó él mismo hace apenas dos semanas en el juzgado.
Así las cosas, el futuro de la causa queda ahora en manos del juez y del fiscal. Se da la circunstancia de que éste último no estuvo ayer en la toma de declaraciones, como ya no lo había estado en la de Reguera. Ambos deberán decidir en los próximos días si interesan el archivo de la causa, si proponen la apertura de juicio oral, o si solicitan la práctica de más diligencias. Sea como fuere, tampoco se puede descartar que se produzca una nueva dilación en el procedimiento, dado que el juez que interrogó en los últimos quince días a los tres investigados no tiene la plaza en propiedad, y está previsto que ésta se cubra con un titular a lo largo del presente año.
Viaje de la Federación
Rafael Louzán había pedido en el juzgado que le citasen para declarar, para de ese modo dar su versión de los hechos, y el juez le convocó para el lunes de la semana pasada. Pero Louzán no acudió. "Se me citó un viernes a las dos de la tarde para el lunes siguiente a las cuatro, y ya tenía cerrados unos compromisos con la Federación Galega de Fútbol. De hecho, esos días estaba fuera de Galicia", declaró ayer antes de su vista.
Al salir, afirmó haber justificado con documentación el viaje, aunque no quiso ser más explícito ante los periodistas, alegando que éste se debe a unas gestiones que está realizando "para el fútbol gallego", y que por el momento prefiere mantener secretas hasta que cristalicen. En cualquier caso, el expresidente de la Diputación de Pontevedra matiza que "ofrezco mi máxima colaboración con la justicia", y que "siempre que he podido he venido cuando se me citaba" , hasta el extremo de que estuvo en la vista de marzo de hace un año, "que era para los abogados".
Finalmente, y a preguntas de los periodistas Louzán habló de la operación Patos, que instruye un juzgado de Vigo, y en la que también está envuelto. A este respecto, recordó que él no solicitó la anulación de las escuchas telefónicas, como sí hicieron otros investigados, pero que en cualquier caso prefiere no declarar hasta que se resuelvan en segunda instancia dichos recursos.
