-Otra ley que comenzó a aplicarse en 2015 es la de control de la cadena alimentaria, que afecta a la forma en que debe pagarse la uva.

-Sí, pero en realidad se trata de una ley del año 2013, de la que se hizo caso omiso en la vendimia de 2014, pero que en esta de 2015, ante las advertencias de inspecciones y sanciones que podrían ser de 300 hasta e incluso de un millón de euros, las bodegas la comenzaron a aplicar.

-¿Y en qué afecta dicha ley en la relación entre los productores y las bodegas?

-Establece la obligación de que las bodegas que compren uva por valor de más de 2.500 euros deben hacerlo con un contrato de por medio, que se firmará previamente y en el cual se informará del precio y del plazo de pago. La ley precisa que en un máximo de 30 días después de entregada la uva debe efectuarse un pago total o parcial de la misma. Si se efectuó uno parcial, una vez que el consejo regulador la haya calificado como de denominación de origen, lo que suele hacer a finales de noviembre, la bodega dispone de otros 30 días para abonar el resto.

-Sin embargo, usted ha calificado de estafa al viticultor por parte de algunas bodegas lo ocurrido en la vendimia de 2015. ¿Por qué?

-Hubo estafa por parte de algunas porque se les dio a firmar al viticultor el contrato después de entregada la uva, con condiciones además abusivas que incluían tablas de calidad de las que no habían sido informados o descuentos sobre los precios pactados. Incluso hubo bodegas que después de entregada la uva llamaron a los viticultores para darles a firmar no sólo el contrato de 2015 sino incluso el de 2014.