El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, deberá justificar este martes ante el juez de Cambados que instruye la causa por presunto cohecho contra él y dos personas más, el viaje que realizó a principios de esta semana, y por el cual no pudo declarar en el juzgado el lunes.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados ha citado a Louzán para el martes próximo, a las 16 horas. En la vista, el aún presidente del Partido Popular en Pontevedra no solo tendrá que responder a las preguntas del juez en relación con el alquiler de los bajos comerciales de Vigo al exdiputado provincial y concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera, sino que también deberá justificar que el lunes pasado estaba en efecto fuera de Galicia.

La causa entró en la Fiscalía de Pontevedra mediante una denuncia anónima a finales de 2013. Según ésta, Louzán y su esposa, María Teresa C.F., estarían cobrando a la panadería de Severino Reguera un sobreprecio por dos bajos comerciales de Navia (Vigo), a cambio de favores políticos. En marzo Louzán fue llamado a declarar, pero en aquel momento se acogió a su derecho a guardar silencio mientras no pudiese examinar detenidamente la documentación del caso.

Meses después, presentó un escrito en el juzgado pidiendo ser citado a declarar para dar su versión de los hechos. Y el juez le citó para el lunes pasado por la tarde.

No obstante, Louzán envió ese mismo día, poco antes de las 14 horas, otro escrito al juzgado de Cambados, señalando que le era imposible acudir a la declaración puesto que estaba fuera de Galicia debido a unos compromisos que ya tenía desde hacía tiempo por ser presidente de la Federación Galega de Fútbol. Según el político ribadumiense, no le fue posible aplazar dichos compromisos por falta de tiempo, pues recibió la citación del juzgado el viernes anterior, a las tres de la tarde.

El escrito fue entregado en el juzgado por la procuradora, y tras estudiarlo el juez aceptó posponer su declaración. La nueva fecha se acordó ayer, indica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Louzán y Reguera negaron siempre que existiese un sobreprecio en los alquileres. Alegan que se trata de los precios de mercado habituales en una zona de expansión en Vigo como es el barrio de Navia, y que en cualquier caso Reguera no obtuvo beneficio político alguno de esta relación contractual con Rafael Louzán, pues ni gozaba de una dedicación exclusiva en la Diputación ni formaba de sus órganos de gobierno.