Una decena de familias de Cambados han recibido en los últimos tres meses otras tantas notificaciones de la Xunta de Galicia, según las cuales se les abren expedientes por presuntas infracciones urbanísticas. El Ayuntamiento comparte la preocupación de los afectados, y el concejal de Urbanismo, José Ramón Abal Varela, les ofrece apoyo y asesoramiento de los técnicos municipales para intentar salvar sus edificaciones, siempre y cuando exista una vía de legalización para hacerlo. "Nuestra prioridad es que se cumpla la legalidad, pero hay casos en que consideramos que se puede regularizar fácilmente la construcción afectada por el expediente", plantea el edil.

Todos los expedientes los instruye la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y afectan a inmuebles construidos en suelo rústico. Según José Ramón Abal, se encuentran repartidos por todo el término municipal, y lo que están recibiendo los vecinos en sus domicilios es una comunicación de la APLU -una agencia dependiente de la Xunta de Galicia- en la que se les indica que se les ha abierto un expediente por una presunta infracción urbanística, y que disponen de un plazo para presentar alegaciones.

El edil manifiesta que las familias que reciban una comunicación de estas características pueden acudir al Concello, donde se les explicará si tienen alguna posibilidad de regularizar sus construcciones y, de ser así, que documentación han de presentar ante la APLU para avalar su alegación.

Según Abal Varela y técnicos municipales consultados, los expedientes se inician a raíz de unas inspecciones visuales realizadas por los técnicos desde fuera de las propiedades afectadas en torno a mediados de febrero del año pasado. Los inmuebles supuestamente infractores son sobre todo galpones y casas.

Pero en el Ayuntamiento de Cambados consideran que no todos los expedientes están bien fundamentados. Al parecer, los inspectores de la APLU entienden que el hecho de que una construcción tenga un techo de uralita ya es una prueba de que es una construcción reciente o que está inacabada, cuando ese argumento carece de suficiente rigor. "Hay edificios en el centro de Cambados con la cubierta de uralita que llevan muchos años construidos", declara un técnico especializado. José Ramón Abal llama la atención a su vez sobre el caso concreto de una familia, que tiene una pala excavadora, y que la había aparcado frente a una construcción suya cuando pasó el inspector. "La pala es de la empresa que tiene la familia, pero solo porque la dejaron allí aparcada el inspector consideró que la construcción aún está en ejecución, sin terminar, cuando no es así. Es un caso que llama mucho la atención".

El periodo de prescripción en estos casos es de seis años.