El exdiputado provincial y concejal del PP en Pazos de Borbén, Severino Reguera, insiste en que no hay nada ilegal en el contrato de arrendamiento de dos bajos comerciales que firmó en su día con el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y la mujer de éste.
Así se lo transmitió ayer en sede judicial al juez de Cambados que instruye una causa por presunto cohecho continuado en la que están siendo investigados precisamente Louzán, su esposa y Reguera. Al término de la comparecencia, Reguera Varela manifestó que no hay sobreprecio alguno en el contrato de alquiler. "El local está bien situado, en una zona buena de Navia, y le da beneficios importantes a la empresa".
La presente causa se inició a finales de 2013, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra recibió una denuncia anónima que aludía a un supuesto cohecho en el que se verían implicados Rafael Louzán y Reguera. Según dicha denuncia, el segundo de ellos estaba pagando a Louzán y su mujer por el alquiler de dos bajos comerciales muy por encima del precio de mercado con la finalidad de satisfacer de ese modo favores políticos.
El caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados, y en marzo del año pasado se citó a los tres investigados. Pero en aquel momento todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar, para de ese modo disponer de más tiempo para analizar la documentación.
Transcurridos los meses, la defensa de los tres implicados fue remitiendo a los juzgados diversa documentación, que sostiene básicamente que el coste del arrendamiento (unos 15 euros por metro cuadrado) no está en absoluto inflado, sino que es un precio habitual en esa zona de Vigo. Además, Severino Reguera solicitó declarar ante el juez para exponer su versión.
Esa declaración se produjo finalmente ayer, y se prolongó durante más de una hora, aunque los implicados estuvieron en la sala de vistas casi tres horas. Al parecer, se produjo una dilación importante en la declaración por una avería en el sistema de grabación existente en las dependencias judiciales.
Severino Reguera relató al término de la vista que su empresa de panadería "tiene otros locales por los que pagamos cantidades muy similares a las de Vigo, pero siendo más pequeños y con instalaciones mucho peores". Como manifestó en su día Louzán, el concejal de Pazos de Borbén plantea que la relación contractual entre ambos por estos locales comerciales es de ámbito exclusivamente personal, y que el precio fue fijado según la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario.
Asimismo, Reguera niega que haya trato de favor alguno de Louzán hacia él. "Atribuyo la denuncia a que el presidente de la Diputación era una persona importante. No lo entiendo. ¿Qué beneficio saco yo con esto? Podría estar en la junta de gobierno de la Diputación, pero no estaba. Podía tener una dedicación exclusiva, pero tampoco la tenía".
También insistió en que ha pedido declarar ante el juez "porque no tenemos nada que esconder". "El proceso de los alquileres fue normal", sentenció.
Daños a la empresa
Severino Reguera hizo también mucho hincapié en su temor de que el actual proceso dañe a la empresa. "Es de mal gusto traernos hasta aquí porque la empresa pague unos alquileres", manifestó.
El exdiputado cree que "hay que estar a favor de los empresarios", para propiciar "la creación de puestos de trabajo", y lamenta que una denuncia que según él carece de fundamento "ensucie" el nombre de una sociedad que da empleo a unas 60 personas.
Al término de la vista, el juez sustituto que ha cogido las riendas de la instrucción -es el segundo que lo hace, y presumiblemente pronto se designará un juez titular, por lo que será el tercero que conozca la causa- ha decidido que Reguera seguirá como investigado, por lo que no hay novedad procesal alguna en su situación tras la jornada de ayer. En el caso de Louzán, que dejará presumiblemente en marzo la presidencia del Partido Popular de Pontevedra, también tendrá que declarar en Cambados, aunque por el momento no hay fecha fijada.
Donde sí declarará Louzán hoy es en los juzgados de Vigo, y lo hará en el marco de la "Patos", una de las operaciones contra la corrupción más recientes en Galicia.
