El gobierno cambadés no variará ni un ápice su hoja de ruta en la gestión de la reclamación de 97.000 euros que un promotor inmobiliario le ha dirigido al Concello, para que desarrolle un convenio urbanístico que está pendiente desde 2005. Así, se le encargará un informe jurídico a la Diputación, y dependiendo de su resultado se decidirá el siguiente paso.
El portavoz del PP, Luis Aragunde, manifestó el fin de semana que el gobierno tiene que heredar tanto las obras como los convenios o gestiones que quedaron inacabados. Pero el Ejecutivo que dirige Fátima Abal puntualiza que "a lo que nos vamos a negar es a heredar irregularidades". Y según ella, en el desarrollo administrativo municipal de la urbanización, situada en una calle transversal a la avenida de Vilariño, se cometieron varias.
Así, el gobierno señala que en una anterior etapa del PP, el Concello le dio dos licencias de obra a la empresa, una en 2005 y otra en 2006, y que cuando le dieron la primera, la firma ni siquiera había comprado aún los terrenos. El gobierno revela también que el PP le concedió a la firma licencia de primera ocupación pese a que la calle carecía de alumbrado y asfaltado. Y en tercer lugar apuntan que solo se le exigió que retranquease en una de sus dos fachadas.
El portavoz, Xurxo Charlín, dice a su vez que "Aragunde nos pide que solucionemos nosotros en ocho meses lo que el PP no fue capaz de arreglar desde 2005".
La documentación que obra en el expediente señala asimismo que la empresa -formada en su día por varios socios de Cambados- que compraron el solar por 120.000 euros, y que el compromiso de convenio con el Ayuntamiento establecía que los vecinos pagarían 97.000 euros por urbanizar la calle. En caso de que estos no asumiesen el coste de la obra, abonaría ese dinero el Concello. Charlín también duda que sea legal desarrollar ahora el convenio, años después de que se acometiese el asfaltado.
